El máximo tribunal exhortó también a las autoridades guatemaltecas a que faciliten el trabajo de la misión de las Naciones Unidas contra la impunidad en el país centroamericano. El ejecutivo todavía no se ha pronunciado sobre la decisión.

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9 de enero de 2019, 11:49 AM
9 de enero de 2019, 11:49 AM
Dina Ochoa, presidenta de la Corte Constitucional guatemalteca.
AFP
Dina Ochoa, presidenta de la Corte Constitucional guatemalteca, fue la única que votó en contra de suspender la decisión presidencial de expulsar a la Cicig.

El máximo tribunal de Guatemala, la Corte Constitucional, decidió este miércoles suspender la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar de forma anticipada y unilateral la misión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Cicig es la misión de las Naciones Unidas que persigue desde hace una década los mayores casos de corrupción que se han dado en el país.

En 2018 Morales había anunciado que no renovaría el mandato de la Cicig, que vencía en septiembre de este año.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
AFP
Morales acusó a la misión de la ONU de supuestas "violaciones graves" de leyes nacionales e internacionales.

Pero el pasado lunes, de forma unilateral, el presidente guatemalteco anunció el fin inmediato y definitivo del acuerdo con la ONU por una supuesta "violación grave" de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió.

El mismo martes, el portavoz de la Cicig, Matías Ponce, admitió que el personal de la comisión ya había salido del país, siguiendo un "protocolo de contingencia de seguridad", ordenado por Naciones Unidas.

Foto del exterior de la Corte Constitucional de Guatemala.
AFP
La Corte exhortó a las autoridades a garantizar el funcionamiento de la misión de Naciones Unidas contra la impunidad en Guatemala.

Ahora, la Corte Constitucional suspend la decisión presidencial.

Tras una sesión de más de 8 horas que se inició en la noche del martes, la resolución fue votada por la mayoría de los magistrados (4 a 1) con tan solo la oposición de la presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa.

El tribunal constitucional exhortó a las autoridades denunciadas -además de a Morales, la canciller, Sandra Jovel, y al Congreso- a que "en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig".

El gobierno guatemalteco, a la hora de escribir esta nota, todavía no se había pronunciado sobre la decisión del máximo órgano judicial en el país.


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