Caso Quiborax

Caso Quiborax: Asambleístas opositores presentan denuncia penal contra 5 autoridades y 2 ex funcionarios


Dos ministros, el procurador general del Estado, dos fiscales y dos ex funcionarias son acusados por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y fraude procesal

Santamaría presentó una nueva denuncia contra funcionarios de Estado.
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12/07/2018

Asambleístas opositores presentaron este jueves una denuncia penal en la Fiscalía General en contra de los ministros de Justicia y de Minería, Héctor Arce y César Navarro, respectivamente. La denuncia también alcanza al procurador Pablo Menacho, a la ex procuradora Carmiña Llorenty, a la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi, al fiscal de La Paz, Edwin Blanco y al fiscal Flavio Maldonado, también de La Paz. Buscan que estas autoridades y ex funcionarios públicos sean incluidos dentro de la investigación por el caso Quiborax.

La denuncia fue formalizada por el diputado Wilson Santamaría que acusa a los mencionados funcionarios de gobierno por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y fraude procesal en el caso Quiborax.

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Explicó que inicialmente pretendían adherirse a la denuncia del  ex presidente Carlos Mesa contra las mismas autoridades. Pero, debido a que surgieron nuevos elementos dentro del trámite del laudo arbitral, como el desistimiento de procesos por parte del Estado boliviano en favor de ciudadanos chilenos accionistas de la Quiborax y el pago de $us 42 millones; prefirieron plantear una nueva demanda.

"Se filtró información; se permitió la competencia de un tribunal internacional de arbitraje, sabiendo que se falsificó documentos y que el falsificador admitió su culpa, pero le pagaron de forma irresponsable más de 42 millones de dólares provocando un verdadero atentado al Estado boliviano", dijo Santamaría.

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La denuncia contra Blanco y el fiscal Flavio Maldonado de La Paz es por el desistimiento del proceso en contra de ocho miembros de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax y horas después, el Estado pagó una millonaria suma a los accionistas de esa empresa.



 




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