El caso dio un giro cuando la presidenta del Tribunal, Patricia Pacajes, reveló en un audio que la violación a Alexander nunca existió y que la sentencia se dio por presión política para tener un culpable. De no ocurrir este hecho, Fernández seguiría preso

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8 de noviembre de 2018, 12:17 PM
8 de noviembre de 2018, 12:17 PM

El decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, informó este jueves que la auditoría realizada al caso Alexander encontró desde faltas disciplinarias hasta presuntos delitos penales cometidos por los funcionarios que participaron en este proceso penal.

"Hemos encontrado faltas disciplinarias desde leves, graves, gravísimas y también presuntos delitos penales de parte de todos esos funcionarios, de la mayoría de esos funcionarios, un 90 a 95% en su participación. Lamentamos mucho que haya habido tantas fallas, tantos errores", manifestó Michel en conferencia de prensa.

La auditoría jurídica al caso Alexander por parte del Consejo de la Magistratura duró un mes. Analizó 56 expedientes y emitió un informe de más de 260 hojas que "constituye la radiografía precisa y final de todo lo que ha acontecido en la tramitación del proceso denominado bebé Alexander".

Antecedentes

El médico Jhiery Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel por los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia sin que exista una prueba contundente de su culpabilidad en la violación y muerte del bebé Alexander. Durante el proceso se denunció de forma reiterativa la actuación de la Fiscalía por amenazar a testigos y abogados, y esconder pruebas que beneficiaban al galeno.

El caso dio un giro cuando la presidenta del Tribunal, Patricia Pacajes, reveló en un audio que la violación a Alexander nunca existió y que la sentencia se dio por presión política de tener un culpable. De no ocurrir este hecho, Fernández seguiría preso.

Michel dijo que en el caso participaron entre jueces y personas de apoyo jurisdiccional casi 10 y 14 fiscales, que serán abordadas por sus entidades correspondientes.

La autoridad indicó que lo que corresponde a partir de este momento al pleno del Consejo de la Magistratura es remitir el informe final de auditoría jurídica a las autoridades competentes.

"Mandaremos una copia al fiscal general del Estado para que pueda asumir lo que corresponda en el marco de su ley orgánica, en lo que concierne a la participación de los fiscales, y también vamos a remitir esta auditoría ante la representación del Consejo de la Magistratura de La Paz, a los jueces disciplinarios correspondientes", apuntó.

Aclaró que la auditoría jurídica es un análisis sobre todo a los procedimientos y a los plazos del proceso. Michel dijo también que les llamó profundamente la atención que de 221 audiencias producidas en el caso, se hayan suspendido 106. "Es realmente alarmante para todo el Estado boliviano y todo el Órgano Judicial", lamentó.

Dijo que la auditoría jurídica en este caso tiene que constituir un hito histórico para poder "enfrentar los vacíos y los males endémicos que en las tramitaciones de muchos juicios sufrimos en nuestra patria en el Órgano Judicial".