Caso Quiborax: Opositores pedirán informe al fiscal Blanco por desistir en el proceso de falsificación
El fiscal Edwin Blanco firmó el desistimiento en favor de 8 personas de la empresa chilena Quiborax, acusadas por falsificación de documentación; dos días después el Gobierno firmó la indemnización de $us 42,6 millones
El diputado Wilson Santamaría (UD) y el senador Yerko Núñez (UD) pedirán un informe al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, luego de que se conociera que desistió del proceso en contra de ocho procesados por la falsificación de documentación del capital accionario de la minera Quiborax, que permitió el arbitraje en contra de Bolivia.
"Lo que vamos a evaluar (es) una acción penal en contra del fiscal departamental, Edwin Blanco y los fiscales que han sido parte de este proceso, que terminó beneficiando a una transnacional chilena. Con claridad, han incurrido en incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución", sostuvo el legislador, según ANF.
"Este es un proceso con fines políticos; al Gobierno lo que le interesa es descalificar al que pueda ganarle la elecciones en 2019; persigue a Mesa y protege a los beneficiados del pago de $us 42,6 millones, cuando tenía que pagar solo $us 2 millones", dijo Núñez.
Así se expresaron en redes:
Este juicio estaba anunciado y seguro que la sentencia redactada en contra de @carlosdmesag hay clara persecución pero además hay gente en el gobierno que pretende lávarse las manos sobre la pésima defensa y los tratos oscuros de Quibirax.
— Wilson Santamaria (@WSantamar) July 9, 2018
Nuestra solidaridad con el ex presiente. pic.twitter.com/sZsTPoITXF
Mi solidaridad con Dn. Carlos Mesa por requerimiento acusatorio del Fiscal General del Estado, proceso cuyas características son de persecución y linchamiento político. https://t.co/GRp8pwxWdA
— Yerko Núñez Negrette (@yerko_nunez) July 9, 2018
El hecho
La Fiscalía retiró una resolución de acusación en favor de los accionistas de la empresa Quiborax-Non Metallic Minerals, implicados en la falsificación de un documento de la junta de accionistas, que fue base para el arbitraje internacional contra el Estado boliviano ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La resolución fue presentada el 5 de junio ante el Tribunal de Sentencia Cuarto, firmada por el fiscal de La Paz, Edwin Blanco, a requerimiento del fiscal, Favio Maldonado.
El 6 de junio, luego de presentado el desistimiento, firmaron la resolución 86/2018, que es la sentencia contra Julio Fernando Rojas Herrera, Dolly Paredes Mancilla, María Fernández Salinas, Yuri Espinoza Salles, María Ballivián Ascarrunz, Ernesto Ossio Aramayo, Tatiana Terán y Allan Fosck Kaplun, que estaban acusados de cuatro delitos.
El 7 de junio, el Procurador del Estado, Pablo Menacho, y el ministro de Minería, César Navarro, firmaron el pago de $us 42,6 millones; paradójicamente, el abogado chileno, Andrés Jana, que representó a Quiborax, es también asesor de este país ante La Haya.
El tuit del ministerio:
Bolivia firma contrato para dar cumplimiento al Laudo de Quiborax.
— Min. Mineria (@minmineriabo) June 8, 2018
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¿Quién dio órdenes al fiscal?
“Quién le ordenó al fiscal que haga ese retiro, esta es la prueba clara que aquí hay fiscales que obedecen las instrucciones de ministros y aquí hay ministros que tienen más poder que el Órgano Judicial y el Ministerio Público”, cuestionó el diputado Santamaría.
Consultado por ANF, el fiscal Blanco se limitó a declarar: “Los fundamentos son públicos, no vamos a entrar a un juego de especulación”.
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