Crece pedido de diálogo por La Asunta y marcha cocalera culpa a Evo

“¡Evo asesino, Evo asesino!”, grita al unísono una columna de marchistas cocaleros de Yungas. Llevan una gran pancarta por delante y avanzan en medio del verdor del camino de Chulumani a La Paz, según registran videos que logró ayer la agencia APG Noticias. Es la marcha que apunta a llegar a la sede de Gobierno para exigir la liberación de Franclin Gutiérrez, el líder de la Asociación de Productores Cocaleros (Adepcoca) de La Paz, encarcelado el lunes bajo la acusación de que estuvo detrás de la muerte del teniente Daynor Sandóval en La Asunta durante las labores de erradicación.

Pero los ánimos de los marchistas ahora están más caldeados desde que el miércoles un operativo de fuerzas especiales de la Policía, ejecutado en la misma región en la que murió el teniente Sandóval, tuvo como resultado las muertes de Eliseo Choque Rojas, de 31 años, y Carlos Vega, de 56 años, dos campesinos a los que la Policía ‘neutralizó’ acusándolos de actuar como francotiradores.

“¡Evo asesino, Evo asesino!”, grita la columna de cocaleros que ayer dejó Chulumani, población yungueña a 116 kilómetros de La Paz. Y mientras los ánimos suben de tono, un coro de voces toma cuerpo para pedir un alto al conflicto, evitar más muertes y en favor del diálogo. Entre ellas, la Arquidiócesis de Chuquisaca y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).

Por otra parte, el defensor del Pueblo, David Tezanos, se ofreció como mediador entre el Gobierno y los cocaleros de Yungas, no sin antes asegurar que para él, por la información de la que dispone, los productores de coca usan armas de fuego para atacar a la Policía.

Similar al de Tezanos fue el pronunciamiento de Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), que pidió a los marchistas buscar el diálogo con el Gobierno para evitar más violencia en Yungas. Eso sí, para Huarachi, la movilización de Adepcoca “es política”.

Diferentes pedidos de diálogo

Para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, quien debe tomar la iniciativa para el diálogo es el Gobierno. Por eso, ayer su petición se dirigió a la administración del presidente Evo Morales, quien por otra parte es el líder histórico de las seis federaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba, un bloque enfrentado a Adepcoca por los cultivos de la hoja tradicional.

La institución de Derechos Humanos convocó al Gobierno a instalar una mesa de diálogo con los cocaleros de Yungas para evitar nuevos enfrentamientos en La Asunta, algo que podría poner en riesgo la vida de más policías y productores de la zona, según cita un reporte de la agencia ANF.

“El Gobierno tiene que sentarse a dialogar de manera urgente porque la tensión es muy grande en La Asunta; no podemos seguir poniendo en riesgo la vida de los policías ni de los pobladores. Y, en ese entendido, instamos nuevamente a que nos sentemos a dialogar”, dijo Edgar Salazar, vicepresidente de la Apdhb.

La semana pasada, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó de la muerte del teniente Sandóval y de otros siete oficiales heridos en La Asunta, también llegó al extremo de responsabilizar a Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb, por el fallecido y los heridos de la Policía, algo por lo que Carvajal protestó contra Romero exigiéndole que le levante la acusación.

“Si el Gobierno me dice: señora Amparo, presidenta de Derechos Humanos, venga con nosotros, venga con la Policía y pongamos orden, claro que voy. Pero si el Gobierno me acusa de ser parte de grupos criminales ¿Qué hago yo?”, protestó ayer Carvajal.

Por otra parte, monseñor Jesús Juárez, arzobispo de la Arquidiócesis de Sucre, expresó su solidaridad con los familiares de los tres fallecidos y convocó a las partes a encontrar una salida pacífica, según declaraciones que recogió la radio ACLO de Chuquisaca.

Juárez hizo un llamado a calmar los ánimos, deponer las actitudes violentas y de enfrentamiento y actuar en cumplimiento de la ley y con justicia. “Tomar la decisión de iniciar el diálogo que pueda encontrar soluciones a estos actos violentos”, demandó el arzobispo.

La postura de Juárez contrasta con la del defensor del pueblo. “Es evidente la utilización de armas en el lugar (por parte de los cocaleros), esto ya está totalmente constatado. Más bien: deploramos y lamentamos que haya versiones que traten de hacer ver otra situación cuando lo que hay es algo que se tiene que deplorar y rechazar”, expresó en rueda de prensa.

Tezanos, que en 2017 fue sindicado por los campesinos de Achacachi de parcializarse a favor del alcalde masista Édgar Ramos durante el conflicto, opinó ayer que la situación del conflicto de Adepcoca con el Gobierno es altamente preocupante porque puede llevar a mayores dimensiones en cuanto a muertes y desaparecidos y lo que corresponde es la “pacificación”.

Gutiérrez y la marcha a La Paz

Mientras la marcha cocalera de Yungas avanza y el pedido de diálogo toma cuerpo, por su parte, el líder de los cocaleros yungueños, Franclin Gutiérrez, no se resigna a quedarse encerrado en San Pedro bajo las acusaciones de causar lesiones y de asesinato, y tramita una apelación a su detención ante la justicia. Es así que ayer la Sala Penal Segunda de La Paz definió para el 5 de septiembre la audiencia de apelación a la detención preventiva del dirigente.

Para entonces, la marcha cocalera que culpa al presidente por las muertes de dos campesinos podría haber llegado a La Paz. Frente al arribo de esta marcha, el presidente del Comité Cívico Departamental de La Paz, Flavio Chacón, expresó su solidaridad con Adepcoca y anunció que se sumará a las medidas de presión.