El exgerente del SNC que ya fue mencionado en el informe legislativo. Saavedra justifica que recibió un pago de su tío, Roberto Saavedra Bruno, pero no imaginó que era con dineros de empresas offshore

El Deber logo
21 de febrero de 2019, 14:00 PM
21 de febrero de 2019, 14:00 PM

La Fiscalía detectó dinero de empresas offshore ligadas a Odebrecht y a Camargo Correa en las cuentas de Luis Alberto Landívar y de familiares de Roberto Saavedra Renjifo, que le giraron dos cheques de gerencia por un total de 100.000 dólares. La Fiscalía presume que fueron pagos relacionados con el caso Lava Jato, y por eso llevará a ambos a una audiencia cautelar en las que pedirá que un juez determine detención preventiva para ambos.

Los detuvieron intempestivamente en Santa Cruz, los trasladaron a La Paz la noche del martes para someterlos a un interrogatorio con un mecanismo que fue criticado por sus abogados defensores. Landívar, muy nervioso y aquejado por un cáncer, según sus allegados, se acogió al derecho al silencio. Saavedra sí declaró, entregó datos que permitirán ampliar la investigación.

Esta indagación tiene como antecedente el informe enviado por la Policía Federal de Brasil y la investigación e informe remitido a la Fiscalía por la Asamblea Legislativa. Las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht se adjudicaron tramos distintos de la vía Roboré-Puerto Suárez. Ambas lograron obras y concesiones entre los años 2004 y 2007 con presuntos acuerdos irregulares con autoridades, servidores públicos y personas privadas, como es el caso de Saavedra.

Los fiscales asignados al caso, Edna Montoya y Makerlin Zambrana, detectaron indicios e imputaron a Landívar por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas y a Saavedra por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La jueza Melina Lima Nina del juzgado cuarto anticorrupción fijó audiencia para hoy a las 8:30.

Audalia Zurita, abogada de ambos, explicó que Saavedra Renjifo prestó el 2004 $us 100.000 a su tío, “el primo hermano de su padre”, precisó la jurista, Roberto Saavedra Bruno. Dos años después, el deudor, que era entonces vicepresidente y accionista del Banco Nacional de Bolivia, honró la deuda. Por instrucción de la señora Leticia Marcela Bruno de Kempff al Banco Nacional de Bolivia SAFI, “el señor Roberto Saavedra Bruno entregó a mi cliente dos cheques de gerencia, cada uno de 50 mil dólares. Lo hizo en una oficina del segundo piso del edificio de esa entidad financiera en la ciudad de Santa Cruz”, precisó Ernesto Vásquez, otro de los abogados.

Audalia Zurita complementó que “Saavedra Renjifo se enteró cuando lo trajeron a declarar que los cheques provinieron de la cuenta de la señora Bruno de Kempff. Según la investigación que realizó la Fiscalía, hay un informe que envía el Banco Nacional, que señala que a esas cuentas llegaron dineros desde el exterior del país”, indicó.

La imputación formal, a la que tuvo acceso este medio, sentencia que los dineros de Camargo Correa llegaron a la señora Bruno de Kempff, que no tiene el perfil económico, que no coincide con los movimientos económicos que ejecuta, “y mucho menos puede resultar lógico el nivel de relacionamiento con las empresas internacionales que realizaron las transferencias” de distintas empresas offshore, entre las que menciona American Express Bank, Trend Bank Limited y Performanced Managed International American Express Bank NY. El informe establece que el 30 de enero de 2006 se hizo la transferencia, pero solo por $us 50 mil.

El Ministerio Público estableció que en el caso Odebrecht, los dineros llegaron a Raquel Brichcy de Saavedra, también a través de una cuenta SAFI que concentraba transferencias de depósitos de otras empresas offshore como Multicredit Bank, Baltic Control y Performanced Managed International American Express Bank NY. De allí se le transfiere los otros $us 50 mil.

La Fiscalía no menciona para nada a Roberto Saavedra Bruno. Pero las cuentas implicadas pertenecen a su madre y a su esposa. La defensa lamentó esta situación, y aseguró que a esta altura se encuentra fuera del país y que es él quien realmente está implicado en el tema.

El caso de Landívar Pereira era más conocido, porque además su nombre ya fue publicado en la lista de personas que la Asamblea sugirió indagar. Como gerente de Construcción del SNC, la Fiscalía en la imputación asegura que “hay suficientes indicios para sostener que recibió pagos de Odebrecht dado que era responsable de elaborar y modificar los pliegos de licitación”.

Según el informe, al participar también como vocal técnico de la comisión que calificó las adjudicaciones de dos proyectos: Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, firmó contratos respectivos en 2005. “Los dineros de Odebrecht le llegaron en fecha 5 de enero de 2007, transferencia de $us 39.995 a su cuenta en el Banco Unión por parte de la empresa Klienfeid Service Limited, constituida en Antigua y Barbuda, de relaciones económicas con la empresa.

Audalia Zurita explicó que habría recibido un dinero en su cuenta “un año después. Sale de Caminos los primeros días de marzo de 2006, y el depósito se realiza en 2007. Tras ese tiempo, él estaba trabajando con otras empresas constructoras, es ingeniero civil y trabaja en el área de construcción. Cualquier vinculación con empresas internacionales tiene que ver con su labor privada, a la que tiene derecho después de un año de dejar de trabajar para el SNC”.

Como vocal de la comisión, expresó la jurista como otro argumento, “él ya no tenía ninguna posibilidad de influir verdaderamente en una decisión de esa naturaleza. Y su permanencia en la comisión se debe a una instrucción específica que le dieron como gerente”.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este miércoles que el Ministerio Público aprehendió a los sindicados bajo el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que indica que “el Fiscal puede ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública”. La defensa lamentó el hecho y la atribuyó que hay móviles “políticos” en esta investigación.