El Gobierno reduce la deuda con Quiborax y paga $us 42,6 millones
Desde el inicio del proceso se logró bajar un 72 por ciento el monto que exigía la firma extranjera. Se inició un proceso contra Carlos Mesa por la revocatoria de concesiones
El Ministerio de Minería y las empresas Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. (NMM), suscribieron hoy un contrato para dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se pagó 42,6 millones de dólares a esas firmas extranjeras, logrando un "ahorro" del 72 por ciento del frente al monto inicial que era demandado, que eran 150,8 millones.
"El acuerdo logrado por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Minería y Metalurgia, incluye la renuncia por parte de Quiborax y NMM al 20 por ciento del monto neto de la indemnización, el 50 por ciento de los intereses y la totalidad de las costas determinadas por el Laudo. Todo ello representa un beneficio para el Estado, con un ahorro de US$14,5 millones (25%) del monto total establecido por el Laudo.
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“Bolivia, al haber acatado de manerapronta, total y definitiva la decisión de un Tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países”, sostuvo el procurador general, Pablo Menacho.
La controversia surgió en julio del año 2004, a raíz de la “revocatoria” de concesiones mineras a la empresa (con mayoría de capitales chilenos) Non-MetallicMinerals S.A., durante el Gobierno del expresidente Carlos Mesa.
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Existe un proceso contra el exmandatario, debido a que se considera que "la medida se llevó a cabo vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la 'declaratoria de nulidad' de dichas concesiones. Todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días que no fue cumplido".
En su Laudo, el Tribunal Arbitral del CIADI concluyó que la medida adoptada por Mesa, mediante la aprobación del Decreto Supremo Nº 27589, de 23 de junio de 2004, "no cumplió con los estándares mínimos del debido proceso y no se llevó a cabo de conformidad con la Ley, por lo que declaró que la expropiación fue ilícita, discriminatoria y violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones".
