Opositores dicen que fue un montaje del Gobierno y que en 10 años no ha logrado demostrar nada. Advierten que deberá rendir cuentas por muertos y procesados

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15 de abril de 2019, 3:00 AM
15 de abril de 2019, 3:00 AM

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, responsabilizó y criticó al sistema judicial boliviano por la demora en el proceso rotulado como caso terrorismo.

Líderes opositores, por su parte, manifestaron que este proceso fue montado y advirtieron que el actual Gobierno deberá rendir cuentas por las muertes y el trato a los procesados en este caso.

“En principio aclarar que el juicio lo lleva adelante el Ministerio Público, no es el Gobierno”, y luego continuó: “Hay que hacer una crítica muy seria al sistema judicial boliviano porque 10 años después de estos hechos tan graves no se tiene una conclusión del proceso”.

Arce lamentó que la demora de una década “nos impide conocer la verdad de lo que habría ocurrido en uno de los episodios más complicados de nuestra vida institucional como país. Lamentamos que la justicia no hubiera dado respuestas”.

Sin embargo, hizo notar también que “hubo una actitud dilatoria constante y reiterada de los procesados. Infinidad de incidentes, y situaciones que evitan llegar a conocer la verdad”, dijo.

Indicó que si bien hay dos personas que se declararon culpables, Mario Tadic y Elöd Tóásó, y se sometieron a procedimiento abreviado, el proceso debe terminarse de una vez. “El declararse culpable es un principio de convicción, nadie se declara culpable sin serlo” y aseguró que eso sustenta el proceso.

El candidato presidencial por Bolivia dice no, Óscar Ortiz, cree exactamente lo contrario. “Claramente fue un montaje del Gobierno, sobre el cual existió absoluta impunidad. Está claro que en 10 años no lograron comprobar que hubiera existido ese complot y, por el contrario, sí se confirmó que había gente infiltrada desde la Policía”.

También apuntó a la justicia y aseveró que “está sometida al interés político de un partido y en su afán de consolidar su poder que no tuvo escrúpulos y mató gente, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, privó de libertad a tantas personas y las sometió a un prceso que no debió durar más de tres años”.

Ortiz garantizó que “lo que sí hay es un caso contra este gobierno y en algún momento se procesará a los responsables de las ejecuciones y la violación de los DDHH de tantas personas”.

Por su parte, el candidato por UCS, Víctor Hugo Cárdenas calificó este hecho como una tragedia humana, personal, familiar y política. “Es la muestra de la politización de la justicia, 10 años sin sentencia, familias destruidas, manejo político lamentable”.

Señaló que el montaje tuvo un objetivo, destruir el liderazgo cruceño. “Desactivó la media luna, pero a un costo exageradamente alto. No hay argumento que justifique la pérdida de vidas humanas y el trato inhumano a los procesados”, acotó.

Sobre la desarticulación de la media Luna, el ministro Arce evitó realizar una valoración política. “Este fue un tema gravísimo, un grupo que se preparaba para sembrar violencia entre bolivianos y afectar la integración de la nación”. La autoridad tampoco quiso calificar la labor de los abogados del Ministerio de Gobierno, que llevan este caso.