BOLIVIA

En una clínica un juez instala la audiencia contra alcalde de Oruro


Édgar Bazán no asistió esta tarde a su audiencia cautelar aduciendo que tenía estrés y se había internado en un policonsultorio, agentes policiales fueron hasta allí a detenerlo.  Es acusado de corrupción

En este centro de salud fue aprehendido el alcalde de Oruro. Foto: Emilio Castillo
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11/05/2018

Cinco horas después de estar fijada la hora y poco después de que fuera aprehendido, el juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal decidió iniciar la instalación de la audiencia cautelar en contra del alcalde de Oruro, Édgar Bazán, por el caso mochilas chinas. 

La audiencia se realiza en la Policlínica Oruro, donde el burgomaestre se internó a las 16.00 y también fue aprehendido por la Policía. El fiscal de Distrito, Mario Rocha, había informado que un equipo de médicos forenses del IDIF estaban valorando al alcalde y debían informar si este podía enfrentar una audiencia.

Daniel Enríquez, abogado que fue contratado por Bazán, dijo que las autoridades estaban en la obligación de respetar los derechos de su cliente y que este no estaba en condiciones de encarar un proceso de esta naturaleza, aunque sus palabras no lograron efecto en las autoridades judiciales.



Bazán enfrenta un juicio por la presunta malversación de más de tres millones de bolivianos por la compra de 40 mil mochilas chinas con supuesto sobreprecio. Los querellantes del caso son, Severo Torres y el Concejo Municipal.

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Acusaciones 

Incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado son los dos delitos por los que se acusa a Bazán, principal acusado del desfalco de tres millones de bolivianos en la provisión de mochilas escolares.



El Ministerio Público explicó que la otra irregularidad en la adquisición de las mochilas chinas consiste en que la licitación fue realizada mediante la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), es decir, que se debía favorecer a productos nacionales, pero se importó de China.

La Fiscalía tiene suficientes indicios debido a los documentos que fueron encontrados en el allanamiento a las oficinas del proveedor, Marco Murillo. Se adjunta la declaración de 17 personas, entre funcionarios ediles y empleados del vendedor, que debe ser evaluada por el juez.

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