Las jurisdicciones de Riberalta y Cobija se encuentran en etapa de investigación. Ayer, el alcalde de Gonzalo Moreno, Ariel Limpias, se querelló por calmunias en contra de Alicia Melgar, quién lo involucró ante la Felcc

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20 de junio de 2019, 4:00 AM
20 de junio de 2019, 4:00 AM

A seis días de haberse realizado el empadronamiento irregular de electores en Riberalta (Beni) para que voten en municipios de Pando, el Ministerio Público aún no ha fijado una fecha para la declaración de las personas involucradas en este hecho. “Estamos en plena investigación. Es lo único que puedo responder. No hay fecha aún para las citaciones”, afirmó Juan Carlos Cuéllar Zurita, fiscal departamental de Pando, en breve contacto con EL DEBER. Indicó además que los fiscales que llevan el caso están en libertad de convocar a las personas que vean conveniente, pero reiteró que el caso se encuentra en etapa preliminar de investigación.

Son dos los juzgados en los que se sentó la denuncia bajo la figura de traslado de electores; en Cobija lo hizo el director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Kalil Arab, y en Riberalta, lo hizo la directora del Sereci, Nolvia Guzmán, a la cual se suma la declaración que dio Alicia Melgar Chávez, y la adhesión del gobernador del Beni, Alex Ferrier (MAS).

En esta ciudad beniana, capital de la provincia Vaca Díez, los representantes de la Fiscalía optaron por no dar una información oficial del estado del proceso, pero se pudo confirmar extraoficialmente que ingresó en etapa de investigación una vez que Melgar dio su declaración y entregó el dinero que retuvo junto a otros vecinos, de los funcionarios del Órgano Electoral que -supuestamente- pagaban a la gente por empadronarse.

Los videos que se grabaron entre el viernes 14 y el sábado 15 de junio, muestran entre los empadronados a muchos jóvenes que recién habían alcanzado la mayoría de edad; y otros vivientes de muchos años en Riberalta. El pago que recibían según sus declaraciones era entre Bs 200 y 250.

El martes, cuando Melgar se presentó a declarar en la Felcc entregó los Bs 7.300 abandonados por los funcionarios en su huída, y también algunas papeletas electorales como muestra de lo sucedido. Dijeron que en su mayoría iban destinados al municipio de Gonzalo Moreno.

Por su parte, la directora del Sereci de Riberalta, aseguró que ninguno de los equipos que se muestran en los videos son de su jurisdicción debido a que estos tienen un “código de estación” y que los que se muestran son de otro departamento. Además explicó que sus equipos solamente pueden registrar a gente para el padrón electoral del Beni, por lo que necesariamente los registros en favor de municipios pandinos tuvieron que hacerse con equipos del Sereci de este departamento.

“Nosotros hicimos la denuncia y las investigaciones darán los resultados. Según vimos, en el registro de las máquinas, las inscripciones fueron para Loma Alta y Gonzalo Moreno”, aseguró Guzmán.

Antes, el director del Sereci de Pando admitió que la notaria Gleizi Nakashima, pertenecía a una unidad de empadronamiento móvil, y dijo que sabía que ella tenía como centro de operaciones Riberalta, porque colinda con las comunidades pandinas que debía empadronar y le ofrecía mejores condiciones de hospedaje.

Alcalde se querella

Alrededor de las 19:30, Roberto Ariel Limpias Olmos, alcalde de Puerto Gonzalo Moreno, brindó una conferencia de prensa en ambientes de la Asociación de Municipios de Pando (Amdepando), en donde dio a conocer que presentó una denuncia en contra de Alicia Melgar por calumnias e injurias, ya que argumentó que sus declaraciones fueron falsas. “El domicilio (que ella menciona) no pertenece a mi hermana. Mi hermana viajó a Brasil el 29 de abril y recién regresó. Estuvo haciendo un tratamiento de cáncer en Brasil”, dijo Limpias.

Sobre su supuesto vínculo con los traslados a su municipio instó a que le “demuestren que tiene algo que ver”. También negó que haya habido algún funcionario de su comuna durante los registros irregulares. “Nos tienen que demostrar dentro de las instancias que corresponden. Lo que nos causó sensibilidad es que involucraron a mi hermana. Esperamos que a partir de ahora se esclarezcan dentro de las instancias que correspondan”, dijo.

En la misma línea, Limpias negó que tenga alguna relación con el dinero que supuestamente se pagaba a los empadronados para votar en Pando. El burgomaestre también aseguró que Daniel Melgar, quien aparece en el video “no es su asesor”, ni es algún tipo de funcionario. “Sí, tenemos cierto grado de amistad. Por eso lo involucran conmigo”, explicó.

En una pausa a la declaración que dio Limpias, su abogado explicó que la denuncia que hicieron no amerita cárcel, ya que su pena es menor a tres años, sin embargo sí contempla algún tipo de sanción y “reparación por el daño moral” al alcalde, que el juez vea conveniente.

Limpias dijo que está dispuesto a someterse a cualquier investigación que la justicia disponga y que está dispuesto a dar información. También agradeció el respaldo que recibió de Amdepando.

Cronología del caso

De acuerdo a los vecinos que denunciaron el hecho, el empadronamiento irregular sucedió el viernes 15 y sábado 16, en tres lugares diferentes, una casa en Villa Fátima, en un hotel de la ciudad, e incluso en instalaciones del Sereci de Riberalta, sin embargo, este último lugar no fue corroborado.

“(El Sereci) tiene cámaras que las muestren”, expresó Melgar sobre este hecho. Al respecto, EL DEBER intentó contactarse de manera directa con la responsable regional pero no atendió las llamadas.

La primera denuncia la presentó la responsable regional del Sereci en Riberalta, el domingo 16, cuando los videos ya se habían viralizado en redes.

El martes 18, Alicia Melgar se presentó ante la Felcc para dar su declaración e intentó poner una denuncia pero le dijeron que no se podía. Ese mismo día se conoció también que la notaria sindicada intentó dar una declaración el pasado lunes pero que sin embargo no se la tomaron porque la fiscal asignada al caso no estaba.

Pese a que hay varios nombres involucrados, hasta el momento no se prevén citaciones a los involucrados, ni hay ningún detenido por un delito tipificado como traslado de personas en la ley electoral, artículo 238.