Un juzgado de Tarija determinó arraigo y medidas sustitutivas para Adrián Oliva, por un caso de compra de cemento asfáltico en 2016.

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26 de julio de 2019, 16:49 PM
26 de julio de 2019, 16:49 PM

El gobernador tarijeño Adrián Oliva denunció una persecución judicial en su contra con la intención de perjudicarlo en su gestión, luego de las medidas sustitutivas a la detención preventiva y arraigo dictaminadas por el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar en un caso que data de 2016 por la compra de cemento asfáltico.

Oliva dejó en claro que él acudirá a todas las convocatorias que se le hagan porque no tiene nada que ocultar. "Vamos a facilitar todo en este proceso de investigación, entendiendo de que se tiene que esclarecer los hechos y dejar bien sentado que no hay ningún interés de perjudicar las investigaciones. Existe el interés de perjudicarme y perseguirme", expresó la autoridad.

El Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia determinó ayer medidas sustitutivas a la detención y arraigo nacional por la compra de cemento asfáltico en 2016, para la construcción de la carretera Santa Ana - Yesera que fue inaugurada ocho meses antes.

A Oliva se le prohibió tener alguna comunicación con los otros imputados y está obligado a presentarse una vez al mes en el Ministerio Público.

El secretario de Justicia de la Gobernación de Tarija, Iván Vaca, expresó su preocupación por la actuación de la Fiscalía y de la justicia ordinaria en este caso del gobernador Oliva, cuando no avanzaron las denuncias por corrupción en la gestión del exgobernador interino, Lino Condori, y del subgobernador de Bermejo, Never Vega, con daños económicos al Estado.

"Este caso es del 2017 y de manera sorprendente recién se realiza la audiencia, ya que existen apelaciones pendientes de resolución con relación a la imputación formal por que ha sido declarada nula de manera parcial", lamentó.

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