El ministro de Minería dijo que Carlos Mesa es como un niño mal educado. La Fiscalía se apresta a convocar a Carmiña Llorenti. El diputado Wilson Santamaría pidió informe escrito del caso 

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28 de junio de 2018, 7:47 AM
28 de junio de 2018, 7:47 AM

El Gobierno admitió que antes de aceptar el pago de $us 42,6 millones, negoció con la empresa Quiborax e incluso llegó a un acuerdo para pagar 27,2 millones, pero el socio boliviano y que fue procesado David Moscoso frustró el acuerdo, reveló en una entrevista el ministro de Justicia y ex procurador general del Estado, Héctor Arce.

“¿Por qué no se firma el acuerdo de los 27 millones (de dólares)? Porque tuvieron nuevamente problemas societarios los de la empresa. Tenían un socio boliviano, el señor David Moscoso, el que fue procesado y sancionado penalmente. Esta persona se oponía al acuerdo y nos presenta esta carta el 19 de diciembre de 2016”, detalló Arce a este medio.

La carta que envió Moscoso a Arce detalla que la indemnización económica debía pagarse “única y exclusivamente” a la empresa Non Metalic Minerals  (NMM) y no así a la chilena Quiborax. “¿Con el proceso de anulación en curso, sin el proceso terminado, volver a pagar 27 millones cuando hay un socio que se oponía? No es viable. Si yo firmaba (ese acuerdo), era grave”, remarcó el ministro. 

Arce destacó que el directorio de la empresa Quiborax se molestó tras la oposición de Moscoso y decidió esperar la resolución de anulación, que se conoció finalmente el 24 de mayo. “Aun así, se abrió la negociación a la cabeza del jefe de área, en este caso el ministerio de Minería”, dijo. 

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Ayer, su colega de esa cartera, César Navarro, dijo que todo proceso de arbitraje siempre conlleva una negociación entre el Estado y las empresas y recordó que de ese modo se procedió para las demandas de Entel-YPFB, pero que en esos casos se pagó por una negociación y que en el caso Quiborax fue el expresidente Carlos Mesa  quien incumplió la ley 2564 que le obligaba a realizar media docena de auditorías y estas nunca se realizaron.

“Yo creo que Carlos Mesa es como un niño mal criado y engreído que le gusta permanentemente eludir sus responsabilidades porque él, hasta ahora y no ha dicho públicamente por qué no ha cumplido con la obligatoriedad de la ley para que haga las auditorías técnicas financieras ambientales y laborales, eso nunca lo dijo”, dijo el ministro al terminar la reunión de gabinete, ayer.

El acuerdo

Según el “contrato de cumplimiento de laudo arbitral por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, renuncias expresas y liberación general y recíproca de obligaciones”, que fue elaborado en 2016, Bolivia se comprometía a pagar 27.272.113 dólares  y señalaba en su cláusula sexta que sería un pago único en la cuenta de la empresa Quiborax SA.

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Para el ministro Arce, cualquier indemnización es mala, pero la idea era pagar la mitad y que significaría un ahorro para el Estado boliviano y dijo que estas negociaciones no eran secretas ni reservadas. Precisó que el pago de los 27 millones de dólares sería un 50 por ciento menos de lo que estaba en la laudo, “pero no se pudo por culpa del señor Moscoso”.

En el documento también se señala que Quiborax debía comunicar a NMM sobre el pago y declarar su conformidad acerca del laudo que se estableció  el 16 de septiembre de 2015. En la cláusula novena se hacía conocer que el socio de Quiborax, David Moscoso Ruiz, declaraba su conformidad con lo acordado y de buena fe.

El proyecto de documento debía llevar las firmas del ministro de Minería, César Navarro; el del representante legal de Quiborax y el representante de NMM, David Moscoso, pero este último dijo que el dinero debía pagarse a su empresa y no a Quiborax, ese desacuerdo entre socios fue lo que truncó el acuerdo. 

El documento no lleva la fecha del acuerdo, pero señala que debía ser en 2016 y tenía que ser firmado en cinco ejemplares para conformidad de todos.

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La alerta

En enero de 2017, el entonces subprocurador de defensa y representación legal del Estado, Pablo Menacho Diedrich, envió un “informe técnico legal” al procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, sobre el caso de su antecesora, Carmiña Llorenti.

Es en este documento donde Menacho alerta sobre el peligro y relata que Llorenti informó del abuso de confianza del abogado Rodrigo Gil, quien exigía trabajar con internet y que la señal en esa oficina no era buena.

En este informe se señala los correos electrónicos  que se escribieron Llorenti y el abogado Rodrigo Gil. Este intercambio de correos es desde el 19 de julio de 2016 hasta el 4 de agosto de 2016,  supuestamente la fecha en la que Gil utilizó la computadora de Llorenti y en la que estaban los documentos del juicio “caso CIADI Nº ARB/06/02” que era precisamente el caso Quiborax.

Incluso, refiere el documento, había un correo “recibido desde la dirección personal de un juez nacional, conteniendo información de carácter reservado y confidencial, cuya utilización era exclusivamente en el marco de la negociación”.

Los documentos que mandó Gil a tres personas contenían: “documento fiscal Quiborax 1.docx”; “memorial retiro de acusac 1.docx”; sentencia Quiborax Vi. docx”, “sentencia Quiborax.docx”, que eran los documentos sensibles que denunció Llorenti. 

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En las conclusiones del informe, Menacho señala que se debe enviar los documentos a la dirección de asuntos jurídicos para que sea esta instancia la que vea la pertinencia de las acciones.

“Se tiene a bien concluir que producto de la conducta imprudente de la exsubprocuradora Llorenti, respecto al uso de su computadora estacionaria, en la que están  configuradas herramientas de uso exclusivo de la subprocuraduría de defensa y representación del Estado (...) que podrían afectar gravemente la defensa de Bolivia en el caso CIADI Nº ARB/06/2”, finaliza el documento firmado por Menacho.

Otros documentos filtrados también fijan a Llorenti como la principal negociadora en este caso porque existen extractos de correos electrónicos entre la exsubprocuradora con el abogado Gil y con otro directivo de Quiborax, Andrés Jana, con quienes fijaba incluso fechas de posibles reuniones sobre este caso.

En el correo del 28 de noviembre de 2016, Gil reclama por las imprecisiones de los acuerdos a los que arribaron en una reunión anterior y le enumera cinco observaciones a los documentos que fueron pactados en Bolivia.

En diciembre de 2016, Llorenti le mandó un correo  a los asesores de las empresas chilenas y que tiene copia a Héctor Arce; en este correo la exsubprocuradora hace una relación de todas las reuniones y les señala que hubo encuentros en Buenos Aires, Santiago de Chile, Washington y
Bolivia y en esas reuniones se planteó la forma de eliminar la demanda contra David Moscoso y los acuerdos para terminar el conflicto y les refiere que los documentos que les reenviaron desde su correo fue por “abuso de confianza” del abogado Gil.

Frente a todo ese panorama, en la Fiscalía General, se conoció que la exsubprocuradora tendrá que comparecer en la denuncia que presentó la procuraduría en contra del expresidente Carlos de Mesa por que precisamente Llorenti fue la principal persona que negoció a nombre del Estado los términos del acuerdo que pondría fin al conflicto desatado en 2004. 

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El informe

Asimismo, ayer se conoció que el diputado opositor Wilson Santamaría presentó una petición de informe escrito sobre el caso de la empresa chilena Quiborax, aunque en la petición del legislador también figura peticiones sobre  las otras negociaciones que llevó adelante la procuraduría.

Santamaría dijo que extraña que la fiscalía general actúe de forma expedita en otros como el caso del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y que ahora conociéndose otros elementos de este caso  ni siquiera amplié la investigación a esas personas y se concentre en el expresidente Carlos de Mesa.

Los detalles

Cláusulas
El borrador de acuerdo que debía firmar Quiborax tiene 19 cláusulas y fijaba el monto de los 27,2 millones como indemnización para la chilena.
tres negociaciones
El pago final de los 42,6 millones de dólares sería la tercera negociación con Quiborax porque hubo dos negociaciones frustradas antes.

Reservado
El informe que envió Pablo Menacho el 6 de enero a Héctor Arce tenía carácter reservado y confidencial pero fue filtrado como los otros documentos. 

En detalle

El informe de Menacho señala incluso la hora de los correos electrónicos que intercambiaron Carmiña Llorenti y el abogado Rodrigo Gil.

Equivocados
Algunos correos de autoridades nacionales fueron escritos con errores y se presume que nunca recibieron esas notas.

Papeles del juicio
Llorenti tenía incluso correos del juez que atendió el caso de David Moscoso.