BOLIVIA

Los indígenas elaboran una agenda en base a ‘contradicciones’ ambientalistas del Gobierno


Representantes de tierras altas y bajas denuncian una política de extractivismo contraria a la madre tierra, como el ingreso sin consulta a áreas protegidas. El presidente de Diputados, Víctor Borda, asegura que son casos aislados y que el cuidado a la naturaleza está normado


En la Cumbre por la Naturaleza, los Territorios y la Vida estuvieron presentes líderes indígenas de todo el país; elaborarán una propuesta nacional
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07/04/2019

Representes de al menos 20 organizaciones indígenas, colectivos urbanos y ONG participaron de la Cumbre por la Naturaleza, los Territorios y la Vida, organizada el 4 y 5 de abril en Santa Cruz. Este encuentro realizado en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) concluyó con cinco puntos que sentaron las bases para la elaboración de una agenda nacional que plantea contradicciones entre el discurso ambientalista y las políticas desarrollistas del Gobierno.

El documento conclusivo establece como principios de las demandas a la tierra y territorio para la vida; gestión territorial sostenible, con identidad y visión propia, el vivir bien como alternativa al modelo extractivista, autonomía y libre determinación pluralista y comunitaria del Estado, y ciudades sostenibles para la vida y la inclusión social.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), objeta que estas demandas fueron reconocidas por la Constitución, a través de la Asamblea Constituyente, y tienen un marco normativo que las protege.



Para el director del Cejis, Hernán Ávila Montaño, hubo un ‘vaciamiento de sentido a la narrativa de lucha’ que tenían los pueblos originarios para hacer lo contrario. “La defensa de la madre tierra no puede estar en sintonía con la ampliación de la frontera agrícola o el glifosato (herbicida). Lo que se está planteando es recuperar esa defensa histórica de los indígenas vinculada a la tierra”, indicó.

A la reunión asistieron delegados de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Organización Indígena Chiquitana (OICH), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Central de Pueblos Indígenas del Beni (Cpemb). Se identificaron cuatro casos recientes que preocupan a los pueblos originarios que son la marcha por el reconocimiento de tierras comunitarias de la nación Qhara Qhara; la incursión exploratoria a la reserva Tariquía sin consulta previa, la aprobación del uso de semillas transgénicas y la consecuente ampliación de la frontera agrícola, y la distribución de tierras a comunidades campesinas en el bosque seco chiquitano, en la que advierten fines electorales.

Sobre Tariquía, la transnacional Petrobras aseguró que en marzo el Ministerio de Hidrocarburos hizo las respectivas consultas en las comunidades del cantón Chiquiacá Norte, con la participación de sus pobladores y autoridades, quienes aprobaron el proyecto. Sin embargo, los dirigentes aseguran que se requiere la consulta a todas las comunidades porque el proyecto las afecta a todas.

Sobre la articulación

La vicepresidenta de la subcentral Tipnis, Cecilia Moyoviri, aseguró que los megaproyectos que encara el Gobierno, tal es el caso de la carretera por este parque, representan una amenaza permanente para las comunidades por lo que a través de estos encuentros buscan articular su defensa. “Estamos rearticulando la alianza con comunidades, sociedad civil, colectivos e instituciones. De esa manera nos hicimos, y lo volveremos a hacer”, afirmó.



El cacique de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, Elmar Masaí, reconoció que el Gobierno embandera consignas similares a las suyas en el discurso, pero no en la práctica. “El presidente (Morales) lleva a los escenarios internacionales el amor a la madre tierra; sin embargo, en la práctica está incentivando la ampliación de la frontera agrícola, lo que atenta contra nuestros territorios”, dijo.

Regulación a las ONG

El director del Cejis advirtió que el oficialismo incentiva la promulgación de leyes para ‘condicionar la opinión de las instituciones criticas’. Puso de ejemplo la Ley 351 de Personalidades Jurídicas que los obliga a adecuar sus estatutos a las políticas y planes del Estado. “Es difícil que hagamos eso porque abordamos temáticas que el Estado no resuelve”, indicó Ávila.

Al respecto, Borda cuestionó a las ONG, a las que ve que trabajan ‘políticas en contra del proceso de cambio’. Calificó a las protestas ambientalistas como aisladas y añadió que una ley específica para regular a las ONG todavía está en estudio.

“Nos parece incoherente que algunas promuevan la inestabilidad política e ideológica. Seguramente los países que las apoyan no lo hacen ese fin”, añadió. En base al debate organizado y los puntos planteados se prevé que hasta junio se consolide esta agenda y que sea difundida con la sociedad civil y el Estado.



 




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