POLÍTICA

La Fiscalía tiene hasta el lunes para pronunciarse sobre el caso Quiborax


El titular del Ministerio Público no quiso anticipar criterio sobre la resolución. El periodo para recolectar datos sobre la acusación de la Procuraduría fue de 30 días

El magistrado anticipó que se espera la resolución del Ministerio Público al respecto I Foto: Radio Fides.
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06/07/2018

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, comunicó que este 9 de julio se cumple el plazo de 30 días para que el Ministerio Público se pronuncie sobre la acusación planteada desde la Procuraduría en contra del expresidente Carlos Mesa, por el caso Quiborax.

“Sabemos que hay una proposición acusatoria presentada por la Procuraduría en contra del señor Carlos Mesa, evidentemente, el 9 de julio vence el plazo de los 30 días para que, en el marco de la objetividad, el Ministerio Público, que es el encargado de hacer las investigaciones correspondientes, pueda plantear ya sea la proposición acusatoria propiamente dicha o finalmente hacer un rechazo, para que este proceso quede archivado”, manifestó Aguayo.

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El magistrado expresó que si bien es el Ministerio Público quien emitirá criterio, desde el TSJ se controlarán las garantías constitucionales durante el proceso de investigación. Además dijo que no es posible hacer “ningún pronunciamiento de fondo, hasta que se pueda presentar un rechazo o acusación en contra del señor Carlos Mesa”.

Agregó que en caso de que se proceda con una acusación, se daría lugar al inicio de un juicio contra el expresidente. “Vendría el juicio propiamente dicho donde el señor Carlos Mesa podría presentar sus pruebas. Esa es una fase más técnica, donde también existen determinados plazos en el ámbito jurisdiccional para que puedan presentar pruebas de descargo”, dijo al remarcar que no podía adelantar ningún criterio.

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El expresidente Mesa fue acusado por el presunto delito de daño económico al Estado por haber expulsado en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni. Esto debido a una serie de irregularidades. Más tarde, en la gestión de Evo Morales, un arbitraje internacional entre la empresa y el Estado boliviano desembocó en un fallo contrario al país, que se tradujo en un pagó de 48,6 millones de dólares a la firma chilena.



 




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