La norma fue aprobada en grande y la próxima semana se retomará su tratamiento en detalle. Pretende bajar casos de detención preventiva y el hacinamiento en cárceles

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29 de marzo de 2019, 8:45 AM
29 de marzo de 2019, 8:45 AM

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad en grande el Proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niños, Niñas y Mujeres. En su estación en detalle aprobó 10 artículos y declaró un cuarto intermedio en el tratamiento hasta el martes.

Los datos detallan que la propuesta tiene por objetivo reencausar la justicia en el país por medio de la pronta y oportuna resolución de procesos penales, reducir el abuso de la detención preventiva, profundizar la oralidad y brindar protección especial a las víctimas de violencia.

“Básicamente es una modificación al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, a la Ley del Ministerio Público y a la Ley 348 (Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), esta ley está modificando esos cuerpos normativos”, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Contiene 17 artículos, cuatro disposiciones adicionales, 18 disposiciones transitorias, ocho disposiciones finales y siete disposiciones abrogatorias y derogatorias. Busca reducir los casos de detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles del país.

Cuenta con siete ejes temáticos: ajuste competencial de los juzgados y tribunales de sentencia; la creación de la Oficina Gestora de Audiencias; la incorporación del uso de herramientas tecnológicas; la limitación de la detención preventiva; la profundización de la oralidad; las medidas de protección de las víctimas de violencia; y los procedimientos para la aplicación de las medidas de protección.

“El principal avance desde mi punto de vista como mujer, es la protección a las víctimas de violencia, niño, niña y adolescente y mujeres; la prohibición de la revictimización y la aplicación de un procedimiento especial para casos de violencia que incluyen medidas de protección inmediata, procedimientos especiales y ampliación de competencias para los juzgados, lo que evitará la revictimización y peregrinación de las víctimas de un juzgado a otro”, dijo a su turno la diputada Valeria Silva.

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