Leyes vuelve a casa, pero no debe ir a la Alcaldía

Algo raro pasó en Cochabamba. José María Leyes, alcalde de la Llajta, recibió medidas sustitutivas a la detención: no podrá acercarse a la Alcaldía ni hablar con sus funcionarios –por lo que deberá nombrar un suplente–, tendrá prisión domiciliaria, deberá pagar una fianza de Bs 200.000, no podrá salir de Cochabamba ni hablar con los medios y, sin embargo, su abogado y sus seguidores lo consideraron una victoria.

“¡Sí, se puede!”, coreaban los seguidores que esperaron unas siete horas y media por los resultados de la audiencia cautelar, que se desarrolló en la Estación Policial Integral del Norte. Al final, esa protesta ayudó para apartar a su jefe de la Alcaldía: es considerado un peligro para la sociedad al poder convocar movilizaciones que pueden provocar heridos. Así lo dijo el juez cautelar Fernando Pérez, que fue asesor legal del exgobernador Edmundo Novillo (MAS).

Desde el principio estaba claro que no le sería fácil a Leyes librarse de quedar con prisión preventiva, por más que sus seguidores trataran de arroparlo con vigilias en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Alalay, donde pasó la noche tras quedar imputado y detenido por la compra de 91.350 mochilas a la Asociación Accidental 26 de Febrero.

Los delitos que se le imputaron fueron uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito a un tercero, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Pero eso no era todo, debía enfrentarse contra una comisión de fiscales conformada por cuatro juristas, más otros cuatro del Viceministerio de Transparencia y de la Procuraduría.

Los argumentos
Cuando comenzaron los alegatos, los representantes del Ministerio Público, encabezados por el fiscal superior José Gutiérrez, expusieron un caso que no se basó en cifras, como versaba la acusación inicial de la concejala Rocío Molina (MAS), que había certificado una ganancia bruta de Bs 10,1 millones para el consorcio formado por  las empresas cruceñas MANE Comp y MSPC SRL.

Lo primero que hicieron fue demostrar que no solo tenían el mismo domicilio jurídico en la avenida Viedma de Santa Cruz, sino que la sociedad de responsabilidad limitada estaba conformada por María René Ramírez Ramírez y por Juan de Dios Morales Espinoza, los mismos que figuraban como propietarios de las empresas asociadas.

Luego, basados en las facturas de las compras de las mochilas y de los útiles escolares en China, demostraron que las adquisiciones comenzaron 104 días antes de que se lanzara la licitación, publicada el 28 de noviembre, el mismo día de la sentencia que permite la repostulación de Evo Morales.

A los alegatos de los fiscales se sumó el del Viceministerio de Transparencia, que presentó los documentos de la licitación de la compra de mochilas de 2017 para demostrar que el año anterior también se cambió la convocatoria para ajustarse a lo que ya habían comprado MANE Comp y MSPC SRL. Además, al momento de abrir los sobres de las empresas proponentes, se eliminó a la compañía que propuso el menor costo por una observación considerada subsanable por la Fiscalía.

Así, el caso contra Leyes pasó de estar basado en el posible sobreprecio de Bs 10 millones, a una licitación amañada para beneficiar por segunda vez a empresarios.

El as bajo la manga de la defensa de Leyes lo dejó caer Humberto Trigo, su abogado defensor: el contrato con la Asociación Accidental 26 de Febrero había sido resuelto el 13 de abril y la resolución de ruptura de contrato había sido subida al Sistema de Contrataciones Estatales el día anterior. No había daño económico porque la empresa no pidió compensación por las 91.000 mochilas que ya habían sido repartidas, solo pidió la devolución de sus garantías. Leyes fue su mejor abogado. Cuando hizo uso de su defensa material desvirtuó que cambió al responsable del proceso de contratación para beneficiar a la empresa, sino porque renunció el titular. 

Eso no ayudó. Cuando le tocó la réplica a Gutiérrez, usó esa ruptura de contrato para demostrar obstaculización a la justicia por parte de Leyes. “Esto es un acto demostrativo de la capacidad del señor Leyes de amañar documentos”.

Cuando le tocó al juez argumentar su decisión, encontró indicios de responsabilidad en Leyes en todos los tipos penales propuestos. Consideró que el alcalde debió declarar nula la licitación cuando vio que se había dejado fuera a la empresa que propuso el precio menor por errores subsanables; que hubo uso indebido de influencias cuando los ganadores de la licitación tuvieron información sobre las condiciones del contrato meses antes; que se realizaron negociaciones incompatibles con el cargo y se incumplieron los deberes de funcionarios públicos cuando se firmó un contrato obtenido bajo ventajas ilegítimas y que se produjo daño al Estado porque las causales de recisión de contrato no son legales y el material ya fue distribuido.

A Leyes lo salvó de ir preso que tiene un hogar constituido, un trabajo conocido y una hernia de disco. El juez Pérez consideró que tiene la capacidad de interferir en la investigación y por eso le prohibió volver a la Alcaldía. Pese a ello, Trigo vio una victoria, Leyes al menos dormirá en su casa, mientras que el sillón edil queda vacío.