Los errores judiciales evidenciados sobre todo en Santa Cruz, los casos de corrupción, el desorden administrativo, el manejo de recursos, son algunos de los temas que tocó Revilla en su visita a EL DEBER

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4 de septiembre de 2018, 16:00 PM
4 de septiembre de 2018, 16:00 PM

“Es una vergüenza”, afirmó sobre los errores judiciales el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Revilla, que habló con EL DEBER de sus casi ocho meses de gestión. Afirmó que se encontró con desorden administrativo y excesiva burocracia. También respondió a los cuestionamientos duros sobre la justicia en el país, de corrupción, del caso terrorismo, de injerencia política y de otros temas.

¿Con qué escenario se encontró al asumir como presidente del TSJ?

Hubo una tarea previa organizativa, nos encontramos con una excesiva concentración de causas en Sala Plena, causas en materias penales, juicios de responsabilidad penal contra funcionarios de Estado parados y, sobre todo, con un desorden administrativo. Por ejemplo, un departamento que tiene un promedio de 44.000 causas, pero cuenta con el triple de funcionarios que Santa Cruz, que tiene cinco veces más causas. También encontramos personal burocrático excesivo.

¿Cuáles fueron sus primeras acciones?

Sistematizar las propuestas electorales de los magistrados de los nueve departamentos para unificar las propuestas comunes; entre ellas estaba, sobre todo, la cobertura judicial, que significa la creación de juzgados y el uso de herramientas informáticas y la aplicación de la tecnología al proceso judicial. Así, también la lucha infatigable y a muerte, por decirlo así, contra la corrupción, desde la perspectiva de que no es un fenómeno de institucionalidad del Órgano Judicial, sino que hay una corrupción de determinados funcionarios judiciales porque la corrupción no es un fenómeno abstracto, sino de casos y personas concretas. También hay que abordar el tema no solo desde el punto de vista del funcionario, sino del litigante que pretende acceder a un fallo favorable a través de la prebenda.

También hemos encontrado un personal burocrático administrativo que cumplía funciones irrelevantes, por lo que se ha reordenado; eso ha significado tener dinero para la creación de 27 juzgados. También debemos resaltar las innovaciones en materia tecnológica al servicio de la justicia. (Ver nota de apoyo en la página siguiente)

¿Qué se ha hecho en materia de lucha contra la corrupción?

Por primera vez el TSJ encara tareas adoptando un código de ética. Como presidencia se ha establecido con obligatoriedad la implementación curricular de la ética judicial en cualquier curso de capacitación. La Ley 474 ha establecido la creación de una unidad de transparencia en el TSJ, que también tiene tuición sobre los nueve tribunales departamentales y como política de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) vamos a los departamentos a conocer in situ las necesidades y deficiencias.

¿Qué se viene en el Órgano Judicial?

El TSJ ha aprobado la creación de la Agencia Judicial de Noticias como elemento para la difusión, de tal manera que las noticias no sean deformadas; apreciamos en la población un sentido hegeliano de justicia, de tener el sentimiento de represalia en que se piensa que hacer justicia es que la otra persona sufra lo mismo que la víctima. Desde ese punto de vista queremos que la información sea lo más técnica posible y transmitida de forma inmediata.

¿Cómo idealiza los cambios que se propone instaurar?

En lo que corresponde a la reestructuración, hay excesivo personal administrativo y poco personal jurisdiccional; imagínese que para un departamento cada vez más creciente contamos simplemente con 1.004 jueces, que en un promedio abstracto atienden más o menos 6.000 causas, eso es imposible. Las cosas van a seguir mal si no se asumen determinadas políticas institucionales tendientes a la cobertura judicial y a desjudicializar determinados problemas. Siempre hemos dicho -perdón por la vulgaridad- ‘no toda pelea de borrachos de fin de semana debe concluir en la Fiscalía’, muy bien pueden ser solucionados en conciliación.

En uno de los aspectos que concierne a Santa Cruz, vemos que la infraestructura es deficiente en el Palacio de Justicia. Será tarea de la DAF dotar de la infraestructura necesaria a Santa Cruz, es un compromiso ético que tenemos por cuanto los mayores recursos del órgano judicial provienen de las tasas impuestas por Derechos Reales, a lo cual, la mayor aportación la hace Santa Cruz y no entendemos el porqué del descuido que se ha tenido con un departamento tan importante.

¿Qué estadísticas manejan de los casos y procesos de corrupción en el Órgano Judicial?

Una de las deficiencias es que no contamos con estadísticas confiables, por lo que se pretende es implementar sistemas informáticos estadísticos de tal manera que consultando en un computador se pueda tener esa información; sin embargo, hay un alto índice de personas vinculadas a casos de corrupción y mayormente funcionarios judiciales que, aunque tienen la presunción de inocencia correspondiente, son los casos los que enlodan al Órgano Judicial, pese a que hay funcionarios que están exentos de eso y son altamente meritorios.

La corrupción tal vez sea un problema ético para el corrupto, pero para el Órgano Judicial es un problema de persecución penal y por lo tanto no es combatible, sino identificable.

¿Qué análisis hace de los errores judiciales, como el caso de Reynaldo Ramírez que fue sentenciado y encarcelado siendo inocente, y todos los otros casos que se destaparon tras la intervención del 14 de marzo en Palmasola?

Es una vergüenza, digamos la palabra correcta, no minimicemos el problema, hay error judicial, hay casos concretos en Santa Cruz. Eso solo puede ser enmendado patrimonialmente, el Estado es responsable y, a acción de partes, debe ser el indemnizador. Esos errores tienen que ver con las condiciones precarias de la investigación penal de la Policía, el Ministerio Público, jueces, etcétera.

Si bien usted habla de que no debe entenderse la justicia como venganza o desquite, ¿qué debe pasar con los jueces que cometieron estos errores?

La respuesta es un poco incómoda, si ha habido error, no puede haber tan grosero error y no podemos entender que se haya obrado simplemente de manera culposa; hay más ligereza que culpa y lo que corresponde es el mecanismo punitivo… deberían ser procesados penalmente y, si corresponde, emitirse la condena. No hay ninguna disculpa para este tipo de conductas.

¿Qué hay de la retardación de justicia?, uno de los casos ‘emblemáticos’ es el de supuesto terrorismo…

Hay una excesiva cantidad de causas y pocos jueces, lo que implica como consecuencia una demora en la resolución de casos y dificultades técnicas que, en el caso terrorismo, es palpable porque se está sustanciando en La Paz por la manera en que se conforman los tribunales. La visión que tenemos es que los tribunales deberían ser bipersonales y no tanto colegiados, esa retardación se la combate con mayor cobertura judicial y con un régimen de liquidación de causas que pretendemos implementar.

¿Cómo evalúa el presupuesto que maneja el Órgano Judicial?

Es exiguo, menos del 5% (del Tesoro General del Estado) y la asignación se hace con base en densidad demográfica y de causas. Nuestras fuentes son el TGE y recursos propios, como tasas de derechos reales, usos de servicios y multas procesales. Es exiguo, no por su raquitismo en sí mismo sino por su mal uso, estamos poniendo de ejemplo que con una optimización de recursos se han creado 27 juzgados, significa que había los recursos, pero estaban mal utilizados.

¿Cuándo van a empezar a sentirse los cambios que perfilan?

A partir del escenario favorable de la Ley 898 (Ley de la Comisión de seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia), entendemos que 2019 será un año masivo de crecimiento, esperemos que haya una relación inversamente proporcional de mayor creación de juzgados y disminución de los procesos. Cuando cumplamos un año de gestión, esperemos inaugurar las salas constitucionales, posesionar a 27 jueces y así sucesivamente crear más juzgados.

Los políticos de oposición hablan de un TSJ manipulable por el oficialismo.

Cuando los temas políticos están judicializados, precisamente se llega a esa situación. Nosotros entendemos que el Órgano Judicial no es un instrumento de persecución política, porque perseguido político es al que se lo persigue por lo que piensa, pero el Órgano Judicial procesa a las personas por lo que han hecho, si eso tiene connotación delictiva y corresponde a esas personas asumir su defensa.

Cuando hay temas políticos que se contaminan jurídicamente, la acusación, sea de oposición o de oficialismo, va a ser referencia a que el Órgano Judicial es manipulable, pero puedo asegurar que somos un órgano absolutamente independiente.

¿Qué espera dejar a la ciudadanía José Revilla cuando termine su gestión?

Aunque no estoy pensando en terminar mi gestión, sino en hacer gestión, sería muy significativo algo que parece muy pequeño, que los ciudadanos recobren la fe en la justicia, porque la justicia no es corrupta, no es instrumento de persecución, aunque haya determinados elementos.

Si conseguimos recobrar la fe de la población en el Órgano Judicial, habremos hecho una excelente gestión.

 

Buzón judicial, notificaciones electrónicas y una app son innovaciones tecnológicas al servicio de la ciudadanía

En materia del uso tecnológico, José Revilla señala que se han implementado herramientas informáticas como el buzón judicial, que estaba vigente normativamente hace seis años, pero que en esta gestión recién se implementó el plan piloto en Chuquisaca.

El buzón tiene como componente esencial la presentación de memoriales en día y hora inhábil o en caso de urgencia. También se ha ampliado su concepción a los procesos contenciosos y a las acciones tutelares que tienen plazo de caducidad.

Además, se han implementado las notificaciones electrónicas que, con un diseño bastante simple, se ha establecido que vía web se publique el edicto judicial de forma gratuita y se puede acceder desde cualquier lugar y de forma transparente; introduciendo su nombre y su número de cédula de identidad, un ciudadano puede ver si se tiene un proceso en su contra.

Por otra parte, como había deficiencias en la unidad de jurisprudencia, se han implementado nuevos motores de búsqueda de gestión procesal y actualmente se puede entrar a Playstore, bajar la aplicación Tsjim y tener en el celular un buscador de jurisprudencia en que supone la accesibilidad y predecibilidad. En un caso jurídico concreto simplemente se busca la forma de decisión que asume el TSJ y eso supone poder evaluar las posibilidades de éxito o de fracaso que se pueda tener.

Revilla señala que todas las herramientas informáticas innovadas han significado costo ‘cero’, pues no han sido elaboradas por consultoras, sino por el propio personal del TSJ.