Los vaivenes del TSE: el accidentado camino hacia las elecciones de octubre

La renuncia de Katia Uriona fue como abrir la caja de pandora. Era el 22 de octubre de 2018 y faltaba cerca un año para las elecciones, por lo que la dimisión de la entonces presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cayó como una bomba.

Uriona, en su carta de renuncia, advertía que la situación al interior del cuerpo colegiado que administra los procesos electorales en el país era insostenible. Hablaba de un “estancamiento” que hacía imposible que se tomen decisiones “referidas a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad”. Era una crítica a sus propios colegas.

En ese momento eran seis los vocales del TSE y se especulaba que tras la salida de José Luis Exeni, que renunció antes que Uriona, el voto estaba dividido entre los “institucionalistas” y los afines al gobierno. Algo que nunca se comprobó.

La dimisión de Exeni también fue polémica, se fue el 1 de octubre de 2018 poco después de la aprobación del reglamento para las elecciones primarias, cuando se empezó a evidenciar la división al interior del TSE.

Una decisión con dos disidencias

En octubre de 2018, el TSE estaba cerca de tomar una decisión fundamental, y Uriona prefirió no estar presente. La Ley de Partidos Políticos obligaba a la realización de elecciones primarias, por lo que la discusión sobre la habilitación de candidatos se adelantó más de seis meses, la Sala Plena debía dar su palabra sobre si aceptaba el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en noviembre de 2017 había decidido que Evo Morales se postule sin objeciones a una nueva reelección.

En reemplazo de Uriona, el 30 de octubre de 2018, fue elegida María Eugenia Choque. 35 días después, el 4 de diciembre, sería ella la que leería la resolución del Tribunal Supremo Electoral en el que se habilitaba la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, como candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), aceptando como argumento legal la resolución del TCP y en contra de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que el 51,3% de los votos rechazaron una reforma constitucional referida a la reelección presidencial.

Lo que se supo unas horas después fue que hubo dos disidencias al tomar la decisión de la habilitación de Evo: Antonio Costas y Dunia Sandoval se opusieron, mientras que Idelfonso Mamani, María Eugenia Choque, Lucy Cruz y Lidia Iriarte (que había asumido la titularidad a inicios de noviembre) sí votaron a favor.

Sandoval tampoco soportó mucho, ya públicamente conocida como una de las vocales disidentes del TSE, prefirió retirarse.  “Desarrollé mis actividades laborales en absoluto apego a la Ley (...) sin embargo, debido al cambio de enfoque en la dirección del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el apego a mis convicciones cristianas, democráticas y profesionales, me veo impedida de continuar en el ejercicio de mis funciones”, escribió en su carta de dimisión.

Primarias “vinculantes”

La Ley de Organizaciones Políticas creo una nueva figura para la democracia boliviana: las elecciones primarias, que como sucede en otros países tiene el objetivo de que los miembros de un partido elijan a sus candidatos en las urnas. El proyecto original decía que estos comicios internos debían realizarse en 2025, pero fue en su trámite legislativo que se modificó y se determinó su realización para 2020. La denuncia de la oposición fue que lo único que se pretendía era legitimar el binomio del MAS.

El artículo 29 de la citada Ley señala: “Los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para el partido político o alianza en el proceso electoral, y serán publicados por el Tribunal Supremo Electoral en un medio de comunicación de alcance nacional y su página web. Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados son probados problemas de salud o la muerte de alguna o alguno de las o los miembros del binomio elegido.”

La obligatoriedad del cumplimiento de los resultados fue repetida una y otra vez por las autoridades del TSE, asegurando que este proceso profundizaba la democracia ya que les daba a los simpatizantes de un partido político la posibilidad de elegir a sus candidatos y se eviten las imposiciones del pasado.

Las elecciones primarias costaron 27 millones de bolivianos y tuvieron un fuerte efecto político, ya que obligaron a los partidos políticos a que decidan sus candidaturas faltando casi un año para las elecciones. Fue un proceso en el que todos presentaron un solo binomio y el partido con más militantes inscritos (el MAS) no logró superar el 50% de su participación. La oposición no hizo campaña, los candidatos ni fueron a votar y al final ni el 10% de sus partidarios fue a las urnas.

Cambio de fecha a pedido del Gobierno

En este periodo turbulento, otras decisiones también pusieron en el ojo de la tormenta al Tribunal Supremo Electoral. El Gobierno pidió adelantar la fecha de las elecciones generales, programadas en un principio para el 27 de octubre de 2019 para una semana antes, esto debido a que coincidía con la fecha de los comicios en Argentina y Uruguay. El argumento era que habría dificultades para que los residentes bolivianos en ese país puedan votar.

El 19 de marzo, el TSE en reunión con los Tribunales Electorales Departamentales, aceptó que la fecha sea modificada y se anunció que el 20 de octubre se votaría para elegir presidente, vicepresidente, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y representantes supranacionales.

Salida de funcionarios clave

Esta etapa de decisiones respecto a las elecciones de octubre cruzó con una etapa de cambios internos en el TSE. La salida de funcionarios que estuvieron en puestos clave dentro de la institución comenzó a llamar la atención.

Solo en sus primeros tres meses se había cambiado a casi todos los altos cargos del Órgano Electoral, a través del despido o la renuncia de hasta 11 funcionarios de puestos clave. Además, en el mismo periodo, se repartieron 30 memorandos de despido a funcionarios técnicos. Uno de los casos fue el de dos exjefes de bases de datos y de seguridad tecnológica, cuyo retiro pidió ser reconsiderado por el vocal Antonio Costas.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) justificó los cambios de personal. "Como Sala Plena tenemos la obligación de calificar y poner en funcionamiento de la mejor forma posible, ha sido decisión de Sala Plena que sean los recursos humanos más cualificados", señaló en enero de este año.

La paridad de género y otro retroceso

En julio de este año la Sala Plena del TSE tomó una decisión sin mayores explicaciones, pero con graves efectos a los avances en cuestión de género. Los vocales aprobaron una resolución en la que cambiaban el artículo 35 del Reglamento de Elecciones Generales 2019 eliminando un inciso que obligaba a los partidos que al menos en cinco de los nueve departamentos las listas al Senado sean encabezadas por mujeres.

Esto provocó el rechazo de varias organizaciones de mujeres e incluso del presidente Evo Morales que reclamó públicamente por la determinación del TSE. Los vocales retrocedieron y finalmente el reglamento no fue alterado, garantizando de esta manera la paridad.

"Vacío jurídico"

La última polémica en la que está inmerso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene que ver con la renuncia de dos candidatos elegidos en las elecciones primarias de enero. Jaime Paz Zamora, que fue elegido candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Edwin Rodríguez postulante a la Vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No, decidieron dimitir y abandonar a sus binomios.

En un principio todo parecía seguir su curso, la Sala Plena del TSE rechazó la renuncia de Paz Zamora y anunció que ese sería el camino que seguiría el trámite de Rodríguez, basados en lo que señala la Ley que rige a las elecciones primarias (referida a las causales de renuncia), luego, y para sorpresa de muchos, vinieron las palabras del vocal Antonio Costas asegurando que al final, y pese a que la norma señala un carácter “vinculante” y de cumplimiento “obligatorio”, si se podría reemplazar candidatos, esta vez basados en lo que señala la Ley 026 de Régimen Electoral, en las que si se contempla el cambio de postulantes.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, reconoció que hay un "vacío jurídico" en este caso. Por un lado está la obligación de participar en las generales si fueron elegidos en las primarias, establecida en la Ley de Organizaciones Políticas, pero por otro lado está la verificación de requisitos, renuncias y sustitución de candidaturas, establecidas en la Ley 026 del Régimen Electoral. 

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OPINION

“Una confusión muy grande”

El analista político Manfredo Kempff, asegura que las contradicciones y los vaivenes del Tribunal Supremo Electoral deterioran aún más la imagen de esta institución y todo a tres meses de la administración de un proceso electoral decisivo.

“Lo veo como creo que lo estamos viendo todos, en una confusión muy grande. Una confusión muy grande que, además, esta visiblemente aproximada a los propósitos y deseos del gobierno actual. Todo lo que vemos se produce en el TSE es algo prácticamente que se lo espera porque calculamos de inmediato que es de beneficio para el candidato oficialista. Nos confundimos todos”, señala el analista.