Algunos pobladores denunciaron amedrentamiento de los uniformados y pidieron garantías al defensor del pueblo

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10 de septiembre de 2018, 5:00 AM
10 de septiembre de 2018, 5:00 AM

Una comisión de peritos e investigadores del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), dependiente de la Policía Boliviana, llegó ayer hasta La Asunta (norte de La Paz), donde hace 17 días murió el teniente de la Policía Daynor Sandóval Ortiz y otros siete uniformados resultaron heridos. En el mismo lugar, días después, dos campesinos de la región fueron abatidos por fuerzas especiales.

En la inspección ocular, con apoyo de más de medio centenar de uniformados como seguridad, los investigadores evidenciaron la existencia de trincheras desde donde se presume que se disparó a los policías de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Jorge Román, comandante estratégico nacional encargado de la erradicación y la racionalización, dijo que se había encontrado en esos lugares, cercanos a los cerros de la zona, vainas de fusiles de guerra de grupos armados.

Nelson Mejía, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, añadió que el líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, estuvo cerca durante la balacera.

“Él se encontraba a menos de 500 metros de acá, reunido con los pobladores del puente San Antonio y esas trincheras estaban organizadas. Gutiérrez tenía conocimiento claro de lo que estaba pasando ese día”, acusó Mejía. Apuntó al dirigente de La Asunta, Freddy Quispe, quien está siendo buscado por la Policía.

Quispe denunció ayer que la Central de Puerto Unido, colindante al puente San Antonio, había sido militarizada y que se exigía cédula de identidad a quienes pasan por el lugar.

Hostigamiento

Mientras se ralizaba el peritaje, un grupo de mujeres se acercó a la comitiva, compuesta también, por el defensor del pueblo, David Tezanos, quien escuchó sus quejas en contra de la Policía.

“Ya no sabemos qué hacer. Llegan a nuestras casas, nos quitan nuestras garrafas, atemorizan a nuestros niños. Queremos que se vayan”, manifestó llorando una de las mujeres, quien no dijo su nombre por temor a represalias.

Otra mujer negó la existencia de grupos armados de nacionalidad extranjera, como lo señalan los uniformados y el Gobierno. Además, dijeron que la denuncia de la FTC de pozas de maceración no son más que cultivos piscícolas.

Los cocaleros de Yungas y varios sectores sociales anunciaron el inicio de bloqueos de caminos en La Paz desde la madrugada de hoy si es que no se libera a Gutiérrez, actualmente detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro.

Mientras tanto, Leonardo Choque, de la Dirección General de Desarrollo Integral de las regiones productoras de Coca (Digprococa), dijo que la erradicación en La Asunta está en su etapa final y que ya erradicaron 1.500 ha, faltando solo 200 ha que se cumplirá en dos meses. Román informó de que en Chapare (Cochabamba), la erradicación llegó a las 6.000 ha y se espera concluir con otras 2.000 más hasta fines de este año.