Presiones en contra del Órgano Electoral afectan su credibilidad
Desde el Gobierno insisten en que los vocales deben acatar el fallo del TCP, que habilita a Evo Morales. Los cívicos y la oposición piden respeto al voto del 21-F
En la medida en que se acerca el 8 de diciembre, aumenta la presión en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ese día, los vocales del cuarto poder del Estado definirán si habilitan la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales o si hacen respetar los resultados del referéndum del 21-F, en el que la mayoría votó por el No al intento del gobernante por alargar su mandato. Analistas y exautoridades coinciden en que cualquier decisión que asuma el Órgano Electoral afectará su credibilidad de cara a los comicios generales de octubre de 2019.
Las presiones contra las autoridades electorales han existido en los últimos 15 años, pero ninguna ha estado cerca de provocar una crisis institucional y de credibilidad como sucede actualmente, dijo ayer el politólogo y exvocal de la desaparecida Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte.
En su criterio, la crisis en que se encuentra el TSE obedece a la falta de credibilidad en los operadores de justicia. “Los ciudadanos no creen que el fallo del Tribunal Constitucional (que habilita la candidatura por cuarta vez consecutiva de Morales y de Álvaro García Linera) esté sujeto a derecho, sino que es una medida producto de las presiones”.
Las presiones no cesan en el Tribunal. Por un lado, el vicepresidente Álvaro García Linera insiste en que los vocales no deben hacer interpretaciones legales, sino que están obligados a obedecer el mandato del Tribunal Constitucional. En contrapartida, los cívicos del país anunciaron un paro nacional para el 6 de diciembre, a fin de que el TSE respete el voto del 21-F.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se sumó al debate y dijo que los comités cívicos están alineados a los sectores de derecha y a la oposición, por tanto desahució el paro convocado.
Una visión diferente mostró la exministra de Justicia Ana María Cortez. A su juicio, el Ejecutivo no tiene por qué interferir en la decisión del TSE. “Nadie puede obligar a los vocales a que cumpla con una resolución del TCP porque existe un mandato del referéndum, que es vinculante y se sustenta en el voto popular”.
Daniel Valverde, director del observatorio político de la Uagrm, afirmó que la crisis en el Órgano Electoral se desató por la polarización y la insistencia de los sectores. “La prueba de fuego será en diciembre, pero habrá sospechas de su imparcialidad”.
