Pablo Menacho aseguró que hasta el momento en todos los juicios hubo un ahorro de 2.300 millones de dólares. Los opositores ya pidieron un informe sobre todos los juicios que enfrenta el Estado y los montos de dinero que eso representa para el país

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25 de junio de 2018, 4:00 AM
25 de junio de 2018, 4:00 AM

Finalmente y después de mucha insistencia, el procurador Pablo Menacho dijo que el Estado boliviano pagó hasta el momento  unos 800 millones de dólares a 14 empresas que llevaron a Bolivia a los estrados judiciales por las nacionalizaciones que llevó adelante el Gobierno de Evo Morales en estos 12 años.

“Hemos cerrado 14 casos y en esos 14 casos hubo una lógica de negociación y defensa, se logró bajar todos los montos que fueron demandados, por ejemplo, Pan American Energy demandó por la nacionalización de Chaco 1.498 millones de dólares y es un caso que se cerró en 352 millones que fue el monto final, así lo hemos hecho en todos los casos”, dijo la autoridad a los medios.

Luego dijo que producto de estas negociaciones el Estado boliviano logró un ahorro del 80% del monto de las demandas y que ese ahorro llegó a los 2.300 millones de dólares aproximadamente, después de las negociaciones emprendidas.

Aunque hasta el 2013 y según los propios documentos de la Procuraduría, ocho empresas tenían demandas contra el Estado por un monto de 687,6 millones de dólares y en el caso de Pan American Energy, la demanda era de 233 millones de dólares.

Según esta memoria institucional, las empresas que demandaron al Estado eran Pan American Energy LLC, pedía 233 millones de dólares; Guaracachi América Inc. y Rurelec Plc, calcularon 142 millones de dólares; Iberdrola, que calculó sus pérdidas en 125,6 millones de dólares; Red Eléctrica Internacional, 91 millones; Quiborax S.A. & Non Metallic Minerals, pedía por sus inversiones 40 millones; BP Global Investments Ltd., BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings Ltd, en total 30 millones; Mallku Khota, quería 25 millones; finalmente Abertis Infraestructuras SA, exigía un millón, según este documento.

Para esta gestión, otro informe de la Procuraduría aumenta los casos de Glencore Finance (Bermuda) Limited; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA Previsión AFP); CCI 20086/ASM: Jindal Steel Bolivia S.A.; aunque en estos reportes no figuran los montos de las demandas.
Los daños

Pero los opositores afirman que los montos que maneja la Procuraduría no son coherentes y por eso pidieron un informe escrito a su principal autoridad. Los diputados Wilson Santamaría y Gonzalo Barrientos presentaron una  petición para que informe sobre los casos que tiene pendiente la Procuraduría y cuánto es el dinero que pagaron o pagarán por esos arbitrajes.

El senador Edwin Aguilar con el mismo tenor también envió una petición porque considera que en el caso de la mina Colquiri el Estado terminará pagando más de lo que vale la recuperación y el senador opositor considera que como están juzgando al expresidente Caros Mesa, las autoridades  de la Procuraduría deberían ser procesadas.

El diputado Santamaría dijo que el pago que podría hacer el Estado a todas las empresas superan los mil millones de bolivianos y que eso no están informando las autoridades.

El caso Quiborax tuvo que esperar

El procurador alertó que en este momento el laudo arbitral por el caso Quiborax ya es un fallo definitivo y que no queda ningún recurso para modificar este dictamen y dijo que el pago final debía ser 57 millones de dólares, pero la negociación logró el pago de 42 millones de dólares.
Afirmó que si Bolivia no pagaba ese dinero, la empresa chilena podía ir a 152 países miembros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI por sus siglas en inglés) para denunciar al Estado y dijo que el país podía sufrir embargo de bienes o congelamiento de fondos, por eso la obligación era pagar después del laudo.

Explicó también que no era posible llevar ante los tribunales nacionales al expresidente Carlos Mesa porque un juicio interno podría darle armas a la empresa demandante en el juicio internacional y que por esa razón se esperó a que salga el laudo arbitral antes de emprender el juicio.

En la jornada

La defensa
El expresidente Carlos Mesa expuso en una columna de opinión las incongruencias de la acusación del Gobierno. 

El derecho
Pablo Menacho dijo que Mesa puede incluirlos en su juicio y que es parte de su defensa y que ellos responderán.

Declaraciones
Esta semana deben seguir las declaraciones ante la Fiscalía de exministros de los periodos de  dos gobiernos.

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