Todos los expresidentes de entre 1985 y 2005 figuran en la nómina, salvo Rodríguez Veltzé. Figuran tres candidatos a la Presidencia. Aseguran que el daño fue de $us 22.050 millones

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16 de enero de 2019, 4:00 AM
16 de enero de 2019, 4:00 AM

El Movimiento Al Socialismo llevó a juicio en la Asamblea Legislativa a todo el periodo neoliberal. Ayer, cuando está a días de cumplir 13 años en el poder, el partido en función de Gobierno comenzó a desgranar un voluminoso informe de tres tomos y sus anexos, que suman 82 cuerpos, en los que se revisan todos y cada uno de los procesos de privatización y capitalización de empresas estatales entre 1985 y 2005, y en todos -aseguran- hallaron irregularidades. El presidente de la comisión que estudió los casos, el senador Rubén Medinacelli (MAS), dijo que ellos no podían calificar delitos y, por lo tanto, remitirán estos documentos al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría para que estas instancias califiquen si existen delitos.

En el informe ejecutivo figuran exautoridades, entre expresidentes, exvicepresidentes y exministros, pero el foco se centró en tres candidatos a la Presidencia: Carlos Mesa, Jaime Paz Zamora y Víctor Hugo Cárdenas, quienes se adelantaron para descalificar el trabajo de los legisladores del oficialismo.

Jaime Paz fue el primero en explicar su Gobierno y dijo que él se opuso a la capitalización porque significaba alimentar a la empresa privada desde el Estado y por eso optó por la privatización, aunque aseguró que en su gestión solo se privatizaron las empresas departamentales, con reglas claras, porque la venta de una determinada empresa debería volver a la región en infraestructura, en servicios de salud, educación o proyecto productivo. Recordó que fue en su Gobierno que se descubrió el pozo San Alberto X2 con equipos de YPFB, “lo que no ocurre hoy”, matizó.

El que fuera su ministro de Planificación, Samuel Doria Medina, recordó que las empresas estatales eran totalmente deficitarias y que la venta de las mismas evitó un colapso del Estado. Añadió que gracias a esas medidas hoy el país tiene estabilidad económica, que es desconocida por el Gobierno.

Desde Estados Unidos, Mauricio Balcázar, yerno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo que la capitalización permitió la sobrevivencia del Estado y recordó que en todo este tiempo el Gobierno investigó todo lo que ayudó la capitalización y nunca pudo encontrar nada. Ahora, añadió, están forzando los datos para encontrar delitos donde no los hay, “es un show que pretende tener ocupados a los candidatos y aunque diga que es una investigación apolítica, no hay nada más político que una investigación realizada en el Congreso (Asamblea)”, atacó el que fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno de Goni.

El expresidente Carlos Mesa evitó pronunciarse sobre el caso porque ayer estaba llevando a cabo las reuniones de su partido y prefirió abordar este tema exclusivamente en este tiempo.

El también exvicepresidente de Goni, Víctor Hugo Cárdenas, lanzó sus críticas desde Santa Cruz, donde se encuentra, y dijo que el MAS armó todo un show para perseguir a sus adversarios porque no sabe cómo detener a los candidatos que lo enfrentarán en los comicios de octubre. “Por eso arremete contra todo lo que pueda representar un peligro, pese a que los supuestos delitos con los que les acusan ya prescribieron”, retrucó.

Mover el foco

La diputada Jimena Costa, que seguía de cerca la lectura del informe, dijo que extrañamente el informe no contiene ninguna observación al Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, aunque la investigación es a todos los gobiernos neoliberales, y también dijo que existe mucha similitud entre lo que sucedía entonces con lo que pasa ahora.

La investigación pretende demostrar, dijo Costa, que antes de Evo todos eran malos y que ellos son los buenos y pretenden distorsionar la historia. “Es cierto que el manejo de la empresa estatal era pésima, como ahora. Es cierto que todas las empresas fueron entregadas a redes de familias y amigos, como ahora. Todos esos antecedentes revelan que hasta el momento las cosas no han cambiado, cambiaron los tiempos, no las mañas”, dijo la legisladora.

“Y ahora, como el centro del foco ya no es Samuel, porque antes investigaron Fundapro, 21 años de neoliberalismo para culparlo y como ahora ya no es candidato, giran su atención hacia el candidato que parece que les puede ganar y es Carlos Mesa, entonces está claro de lo que quieren”, añadió Costa.

Para el oficialismo no se trata de personas, sino de un periodo político. El presidente de la comisión dijo que esta porción de la historia debe servir para que sea analizada por las futuras generaciones porque los recursos del Estado fueron afectados desde las propias estructuras de Gobierno.

El informe

Medinacelli relató que por decisión del vicepresidente, Álvaro García Linera, se decidió que sean tres días de sesiones en las que se presentarán tres informes. Ayer fueron las privatizaciones de las empresas departamentales, principalmente. Para hoy se tiene previsto leer el informe sobre la capitalización y en el que están la mayor parte de los 55 acusados. Finalmente para mañana se leerán las consecuencias de los dos procesos para las arcas estatales y el daño provocado, aunque ya adelantaron que alcanzan los $us 22.050 millones.

El senador oficialista dijo que ellos como comisión no podían identificiar o establecer responsabilidades, pero que la comisión concluyó que todos los documetos deben pasar al Ministerio de Justicia, la Contraloría y la Procuraduría, estas tres entidades se ocuparían de calificar los delitos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la misma Asamblea apruebe otro tipo de informe y remita los antecedentes de todo el caso a la justicia ordinaria.

Al estar implicados expresidentes y exministros antes del evismo, el caso iría directamente a la Fiscalía General, ya que la anterior Constitución les garantizaba no ser juzgados por la justicia ordinaria, sino por juicio de responsabilidades. Para Balcázar, los tiempos para un proceso de esta naturaleza no le alcanzarán al MAS, que se sumergirá en la vorágine electoral antes de que las investigaciones lleguen a puerto.

OFICIALISMO COMPARA SU INVESTIGACIÓN CON EL JUICIO QUE INICIARA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ CONTRA BANZER

El oficialismo aseguró que la investigación realizada por la comisión es “tan grande”, que es comparable con la realizada sobre la dictadura de Banzer por el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado durante el régimen de Luis García Meza, 1980.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, precisó que el alcance de la indagación va mucho más allá del supuesto objetivo de usarla para perjudicar a los candidatos opositores. “Se investiga un periodo de Estado, un modelo económico”. El exsenador y primer presidente de la Comisión Especial Mixta que investigó la privatización en Bolivia, Adolfo Mendoza, manifestó que las indagaciones no son solo un acto “testimonial” sino un “juicio político” en contra de los “saqueadores de la patria”. Mendoza dijo que este trabajo se equipara al que realizó Quiroga Santa Cruz en su tiempo.

Entre los señalados figuran varios ministros notables, como el ministro de la Privatización, Alfonso Revollo; algunos ‘superministros’, como Andrés Petricevic o Raúl Garafulic Gutiérrez; o el autodemoninado padre del decreto 21060, Juan Careaga. También figuran Samuel Doria Medina y su hermana Susana, expresidentes muertos como Hugo Banzer y Víctor Paz (le reclaman la relocalización) y prófugos como Gonzalo Sánchez (lo acusan de quedarse con minas a través de Comsur).

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