La sala penal admitió el recurso de casación presentado por la exnovia del presidente Evo Morales. En su última estrategia legal, Zapata busca reducir su condena de 10 años por el caso CAMC

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28 de marzo de 2019, 17:30 PM
28 de marzo de 2019, 17:30 PM

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, confirmó este jueves que la sala penal admitió un recurso de casación presentado por la defensa de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales para reducir su condena de 10 años de cárcel que cumple en el penal de Miraflores, de La Paz, por el caso que se abrió tras el escándalo por el supuesto tráfico de influencias, debido a que el Gobierno adjudicó millonarios contratos a la empresa China CAMC, de la que fue gerente. 
 
De esta forma, el presidente Revilla confirmó el dato que fue adelantado por EL DEBER el fin de semana pasado. “Por información que tenemos, simplemente es un juicio de admisibilidad que en ningún momento hace referencia a un pronunciamiento sobre el fondo. Se trata de un recurso de casación más admitido por la Sala Penal, y el pronunciamiento de fondo se verá cuando se sortee la causa”. 

Sin embargo, el presidente de la Suprema admitió que no conocía más detalles del caso, “nosotros no formamos parte de sala especializada, así que no podría hablar de los pormenores, sólo asuntos genéricos de cada sala", manifestó. Luego agregó que tomó conocimiento del recurso de casación de un caso, diríamos connotado, y que fue admitido y se procederá conforme corresponda a la Sala Penal”. 

A partir de la Ley 1970, la Sala Penal del Tribunal dicta dos decisiones cuando recibe un recurso de casación. La primera es el auto supremo de admisión o inadmisibilidad.

En este caso, la novedad es que ya lo admitió. Y el segundo, decide el fondo del caso, si se confirma o revoca la sentencia.

Es el último recurso que tiene la defensa de Zapata en la justicia boliviana para reducir la condena que emitió en su contra el juzgado I de Sentencia de La Paz por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos, decisión que antes de pasar a Sucre fue ratificada por la Sala Penal Segunda de la Sede de Gobierno.

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