"Una condición de Quiborax para recibir $us 42,6 millones, era que Bolivia levante el juicio penal y la Procuraduría ‘cumplió’"

EL DEBER (ED): ¿Qué opinión tiene sobre el accionar de la Fiscalía, que lo procesa a usted pero desiste de su acusación contra la empresa Quiborax, a la que usted llama “pirata”?

Carlos Mesa (CM): Es un hecho increíble. El Ministerio Público, a través de uno de sus fiscales, desistió de la acusación de falsificación contra el mayor accionista de Quiborax, Allan Fosk, contradiciendo un fallo de la justicia boliviana que condenó a dos años de cárcel a David Moscoso, coautor de la misma falsificación. Tal desistimiento se hace dos días antes de que la Procuraduría le pague al abogado Andrés Jana (parte del equipo jurídico de Chile contra Bolivia en La Haya) 42,6 millones de dólares.

Es, no sólo una vergüenza, sino una incongruencia jurídica monumental.

ED: ¿Hay juristas que opinan que usted podría, incluso, apelar la decisión judicial si alega ser víctima de esa decisión?, ¿se siente víctima?, ¿apelará?

CM: La víctima de esta decisión judicial es el Estado Boliviano y la autoridad que representa al Estado en este caso es la Autoridad de Fiscalización de Empresas. Voy a remitir una carta a esa Autoridad de Empresas para que cumpla el deber que tiene de defensa de los intereses del Estado.

ED: ¿Por qué cree que la Fiscalía se apartó del caso judicial, ¿hay arreglos con Quiborax?, ¿usted ve que, como dice un analista, hay un combo para beneficiarla y para atacarlo a usted?

CM: Es, obviamente, el “cumplimiento de un compromiso” de la Procuraduría boliviana para cerrar el acuerdo de pago con Quiborax. Una de las condiciones de la empresa para recibir el pago de los 42,6 millones, era que Bolivia levantara el juicio penal contra Allan Fosk y la Procuraduría “cumplió”. Lo notable es que esta entidad es parte del Poder Ejecutivo, sin embargo, influyó en el Ministerio Público, institución teóricamente independiente, para que siga el camino de levantar el proceso de acusación penal y dejar al descubierto el fallo de condena contra Moscoso.

ED: El fiscal dijo que tuvo la oportunidad de responder un cuestionario de 20 preguntas, ¿por qué usted decidió no responder ese cuestionario y remitirse a los memoriales que había presentado?

Eso es exactamente lo que hice, lo que no quiere decir abstenerme de responder, quiere decir que consideraba y considero que los memoriales enviados a la Fiscalía General, respondían todas las interrogantes planteadas en la acusación del Procurador y, lo más importante, que considero que se debió investigar a los verdaderos responsables del daño al Estado: Héctor Arce, Pablo Menacho, Elizabeth Arismendi y César Navarro. Cosa que, por cierto, el Fiscal General no hizo.

Te puede interesar: 

ED: ¿Hay una acción conjunta entre los tres acusados?, es decir usted y sus dos ministros, porque ninguno declaró ante la Fiscalía.

CM: Por supuesto, los tres consideramos que esta es una acusación que no tiene fundamento, que es injusta e incongruente y en lo que toca a la visión conceptual, tanto sobre lo que hicimos como gobierno, como la pésima defensa del Estado, tenemos plena coincidencia.

ED: Usted ¿va a exigir que se cumpla la prelación en el tratamiento de los juicios de responsabilidades de otras ex autoridades?, porque hay más de 50 juicios de responsabilidades en el parlamento.

CM: Yo lo que le he pedido al Tribunal Supremo de Justicia es que rechace y anule la acusación de la Fiscalía por vicios de fondo, por investigación insuficiente y sesgada y por haber separado de un caso que es integral a los principales responsables.

ED: El gobierno afirma que pagó 800 millones de dólares en indemnizaciones y el ministro Héctor Arce dijo que todas las nacionalizaciones costaron dinero al Estado, entonces, ¿considera usted irrisorio el pago de los 42,6 millones, que debía ser tomado como parte del proceso?

CM: Considero que la falsificación hecha por NMM-Quiborax fue un grave delito y que la Defensa hecha por el gobierno del presidente (Evo) Morales fue pésima. Con solo haber apelado al Protocolo del Tratado Bilateral de protección de inversiones en sus cláusulas I,1,c y II, como bien lo establece el Tribunal Arbitral, Bolivia hubiera hecho inviable el proceso de jurídico viciado de origen por la falsificación de la composición accionaria de esa empresa que no tenía mayoría de accionistas chilenos. En consecuencia Bolivia no hubiese tenido que pagar ni un solo dólar a esta empresa pirata.

ED: ¿Qué lección puede sacar de este problema en gestión de Gobierno? el Conape siempre aprobó los decretos, ¡hubo una falencia en esa instancia durante su gobierno?

CM: Algo que no se ha dicho es que en octubre de 2004, en mi gobierno, la Superintendencia de Minas, tal como dicta el Código de Minería vigente entonces, declaró la nulidad de todas las concesiones de NMM por haber sido adjudicadas ilegalmente. Es completamente erróneo decir que nosotros no cumplimos con la anulación como manda el Código y así lo ha ratificado el decreto supremo del entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

También puedes leer: