Desafíos. Asume en un momento de grandes cambios no solo tecnológicos, sino de políticas que regirán el futuro del sector

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12 de marzo de 2019, 4:00 AM
12 de marzo de 2019, 4:00 AM

Rodrigo Alberto Bedoya Diez de Medina tiene 46 años, estudió Ciencias Políticas en Wake Forest University (WFU), en Carolina del Norte (EEUU). Es máster en Derecho Corporativo y máster en Gestión y Técnica de Seguros. Cuenta con 25 años de carrera en el sector asegurador. Acaba de asumir la presidencia de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA).

—Si bien recibe una institución bastante fortalecida, ¿qué se viene para adelante en la industria aseguradora?

Tenemos varios retos y uno de los principales es subir al mercado asegurador boliviano al mundo digital. Hoy tenemos algunas trabas legales, impedimentos contemplados en el Código de Comercio y la propia Ley de Seguros que nos impiden transar del todo digitalmente como ya se hace en muchos países al ser una tendencia inevitable.

Debemos llegar al punto donde podamos acceder a la página web de una compañía de seguros, vía teléfono celular o computadora personal, y cotizar, cumplir con los requisitos de aseguramiento, aceptar, emitir la póliza, pagar y recibir las facturas correspondientes, sin necesidad de salir de la comodidad de nuestras casas. Se ha avanzado en algunos procesos, hasta cierto punto, pero debemos cumplir con ciertas formalidades que datan de otra época como el requerimientos de una firma física.

Si bien, las leyes han ido evolucionando en ese sentido, por ejemplo, la Ley de Telecomunicaciones ya faculta la firma digital de ciertos documentos, y una nueva Ley ya autoriza la firma digital, todavía no se ajustan a la dinámica que requiere el sector.

En la primera visita formal del nuevo directorio de ABA a la directora de la APS (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros), le hemos planteado iniciar gestiones conjuntas para el logro de estos objetivos.

— En otro tema que atañe al sector ¿cómo impacta tener un competidor estatal?

Las reglas del juego deben ser parejas, transparentes y equitativas para todos los jugadores. Mal haría el Gobierno en generar escenarios donde se favorezca indebidamente a las compañías del Estado en la suscripción de contratos de seguros porque esa sería una práctica que estaría atentando al derecho a la competencia y afectaría no sólo a las compañías privadas sino que generaría un precedente negativo.

En el mundo corporativo las compañías deben competir y no adjudicarse de manera directa, sin competencia, sin licitaciones los programas de seguros, así sean de las empresa del Estado.

Esto limitaría su derecho a salir al mercado y decidir por cuenta propia qué compañías de seguro les ofrece las mejoras ventajas, no sólo en precios sino en garantías respecto a qué reaseguradores están por detrás, cuánta experiencia tiene la compañía en la suscripción de riesgos técnicamente complejos.

Por otro lado, hemos expresado nuestra preocupación a la APS respecto a la normativa que elimina el requisito de la experiencia mínima de las aseguradoras. La experiencia es primordial para la suscripción de programas de grandes riesgos, sobre todo de las compañías estratégicas de la economía nacional. No quisiéramos es que el día de mañana se presenten conflictos porque no se suscribieron con el debido conocimiento y dominio técnico y deriven en situaciones indeseadas por todos.

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