León Rodas asumió el cargo el 12 de diciembre del año pasado, en reemplazo de Macario Cortez Chávez. Antes fungió como viceministro de Tierras. La entrevista con León se realizó a pocas horas de haber presentado su renuncia.

¿Se está resolviendo el conflicto de dotación de tierras en San Miguel?

Nos hemos reunido y bajamos hasta esa población con el ministro Cocarico, luego de un llamado de la gente. Tenemos instrucción del presidente Evo Morales, de informar de todo lo que se hace. Las mesas de trabajo empezaron el año pasado. El Ministro lideró varias reuniones y se envió a una comisión del INRA junto con el control social, a hacer un levantamiento de datos. El ministro mostró el resultado donde hay un acuerdo.

¿Qué resultados hubo?

Se encontró que hay gente que pretende algunos predios. Pero se paralizó por temas legales de algunos asentamientos en tierras fiscales. Lo que pasó también es que no quieren organizarse en comunidades. La Constitución dice que tiene que dotarse de tierras, a organizaciones ordenadas en comunidades. Por eso se paralizó. Hay reuniones. Hay voluntad para resolver el problema.

¿Qué hace el INRA legalmente para solucionar los conflictos de tierra?

Reconocer el derecho propietario por dos vías: por antecedentes agrarios y por cumplimiento de la FES (Función Económica Social). Y la gente que cree que sus derechos han sido vulnerados, van hasta el Tribunal Agrario Nacional.

¿Es confiable el INRA para solucionar temas de tierra?

Es una entidad del Estado que tiene que ser confiable. Y si hay una irregularidad, se la tiene que denunciar. Si un trabajo no es el correcto, nosotros iniciamos sanciones a los funcionarios que han hecho mal. Seguro que debe haber debilidades y no solo desde nuestro Gobierno sino desde mucho antes.

¿Cuál es el resultado del saneamiento en el país?

Tenemos 109,8 millones de hectáreas (ha) de superficie total en Bolivia. De éstos, hay 103,5 millones de ha objeto de saneamiento. De ese total, 86,1 millones de ha (84%) ya está saneada y titulada. Como dato complementario, en el saneamiento que se ha hecho en el municipio de San Miguel de Velasco se ha identificado 345.000 ha de tierras fiscales donde ahora ingresan comunidades, ganaderos, productores. El 2003 se declararon las tierras fiscales.

¿Cómo se están controlando los asentamientos en las reservas?

El Gobierno es enérgico en rechazar el asentamiento de cualquier persona en estas zonas. No se avala el ingreso de nadie a tierras fiscales no disponibles. Por eso se aprobó la Ley del Avasallamiento. Mucha gente tiene demandas penales por avasallamiento.

¿Y qué se hace con el tráfico de tierras?

Ese es un gran problema. La gente inescrupulosa hasta falsifica papeles, certificaciones. Escanea y vende tierras fiscales. Es de vox populi que son gente extranjera que utiliza palos blancos con bolivianos, para comprar tierras. Estamos tratando de controlar con Catastro, pero es muy difícil. Tenemos como 100 procesos penales contra traficantes de tierras. Es un dolor de cabeza. Algunos hacen parecer que son amigos del ministro o los directores. A veces utilizan hasta una fotografía junto con una autoridad para engañar a la gente. Inclusive, van y les dicen que la autoridad ha dicho que tienen que poner plata.

La Gobernación cruceña estaba pidiendo un informe ¿Hay respuesta?

El 15 de abril recibimos solicitud reiterada. Lo estamos analizando. En el marco de la transparencia, tenemos la instrucción del presidente Morales y del ministro Cocarico. No hay nada que ocultar. En la dirección departamental del INRA, están procesando la información. Pero debemos reconocer que también, nos ha faltado coordinación con algunos gobiernos municipales de la Chiquitania.

¿Estos asentamientos tienen que ver con un movimiento de gente de tipo electoral?

Nosotros estamos cumpliendo con la normativa. El mandato constitucional y legal es hacer cumplir con los requisitos de asentamiento. Desmentimos que haya algún acarreo de personas. Tenemos 8.000 solicitudes de comunidades en todo el país.