Extitular de OAS revela presión de Lula para hacer obra en Bolivia

La trama del caso Lava Jato da un nuevo giro a partir de las declaraciones del expresidente de la empresa constructora OAS, Léo Pinheiro, que sostuvo que ante la preocupación de aceptar una obra deficitaria en Bolivia, Luiz Ignacio Lula Da Silva, expresidente de Brasil le aseguró que (Evo) Morales (presidente de Bolivia) estaría dispuesto a “compensar económicamente a la compañía, adjudicando otro contrato en favor de OAS”. Pinheiro, que se encuentra preso por corrupción, dijo que al exmandatario Lula le preocupaban los ‘riesgos diplomáticos’ si se paralizaba la construcción de una carretera entre Potosí y Tarija, en Bolivia.

La defensa de Lula, en un comunicado replicado por Folha de Sao Paulo, respondió que esa versión se trata de una “mentira negociada” para la persecución política contra el expresidente en el caso Lava Jato.

Cabe recordar que la obra de dicha carretera se inició en 2003 con la constructora Queiroz Galvao, pero el contrato se rompió en 2007 después de que el Gobierno de Juan Evo Morales exigiera reparaciones en fisuras que aparecieron en trechos de la pista recién construida.

Sobre el tema, Óscar Ortiz, senador y candidato a presidente por Demócratas, dijo que siempre denunciaron que el traspaso de Tarija-Potosí, más la adjudicación del Tipnis fueron operados políticamente y con un presunto sobreprecio.

“Denunciamos por ello a la ex presidenta de la ABC, Patricia Ballivián y en el caso Lava Jato pedimos que se investigue a OAS y el MAS siempre se negó. Estas declaraciones demuestran la relación entre OAS y el Gobierno.

Era una carretera pagada Tarija-Potosí, le devuelven un contrato anulado y lo activan para traspasar a OAS. Cuando hablan de compensar es con el Tipnis”, remarcó Ortiz. No fue posible conocer la versión de Ballivián sobre el tema. Estaba de viaje hacia Oruro.

Por estas declaraciones, según Ortíz, se debería reabrir la comisión de investigación del caso Lava Jato en donde se incluya lo dicho por Pinheiro, pues a su criterio es una prueba que la adjudicación de dicha carretera fue política.

“No olvidemos que Lula está preso por aceptar un departamento de la constructora OAS, entonces hay que investigar a las autoridades del Gobierno de Evo Morales”, sostuvo Ortiz. Édgar Montaño, presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz y diputado por el MAS, sostuvo que en tiempos electorales no es una novedad que aparezcan este tipo de publicaciones y acusaciones que buscan algún rédito político.

Montaño precisó que de acuerdo con los hechos la presencia de OAS corresponde a la gestión de Mesa en donde la empresa hizo los tramos El Tinto-El Carmen Rivero Tórrez, que correspondían a la carretera bioceánica.

“Se tienen notas y datos fehacientes que están en la Fiscalía de Brasil, en donde se indica que hubo entrega de dinero por un valor de $us 5 millones, por lo que estas declaraciones son solo una sindicación y así lo vamos a dejar”, indicó Montaño.

El legislador remarcó que fue el MAS el que impulsó la investigación del caso Lava Jato y que seguirán haciéndolo hasta dar con los responsables en caso que la justicia así lo determine.

OAS o Queiroz Galvao

Según la versión del empresa rio brasileño, Lula facilitó que el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (Bndes) financiara obras en Bolivia. Convenció a la compañía OAS para asumir la carretera desechada por Queiroz Galvao y a cambio prometió otro contrato en el país, como compensación por ejecutar un proyecto problemático.

El empresario se quejó de Lula diciendo que la obra sería deficitaria por los arreglos que había que hacer y por los precios previstos, pero que el expresidente brasileño aseguró que Morales estaría dispuesto a “compensar económicamente a la empresa, adjudicando otro contrato en favor de OAS”.

Tras la intervención de Lula, Bolivia retiró sanciones a Queiroz Galvao, autorizó la transferencia del contrato a OAS y le adjudicó otro trecho. Entonces OAS asumió la obra entre Potosí y Tarija en 2009, pero según Pinheiro la situación volvió a bloquearse más adelante, ya durante el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), el área técnica del Bndes, puso inconvenientes al financiamiento.

Al final, Bolivia canceló el contrato con OAS y la empresa solo pudo retirar sus equipos y obtener una devolución de garantías “tras las apelaciones de Lula”, según Pinheiro. Yerko Núñez, senador por Unidad Demócrata (UD), subrayó que el tema de OAS es una muestra de cómo hubo corrupción en la construcción de la vía Potosí-Tarija.

Hizo notar que es llamativo cómo a partir del DS 2927 se determina la salida de Queiroz Galvao y se realiza el cobro de las boletas de garantía, pero a los meses mediante el decreto 29515 se devuelve la boleta de garantía a la empresa brasileña y se busca la manera de que la constructora OAS ocupe su lugar.

“Y lo más llamativo es que en la firma de estos decretos figura la diputada Susana Rivero que por ese entonces era ministra de Desarrollo Rural, que luego fue designada como presidenta de la comisión especial que investiga el caso Odebrecht y los presuntos sobornos de la firma brasileña en la construcción de carreteras en el país, algo que no se explica pues la diputada es juez y parte en este caso”, lamentó Núñez. Se buscó a la diputada Rivero para tener su criterio acerca del tema, pero indicaron que se encontraba en Beni trabajando en la campaña política.

A su vez, Víctor Borda (MAS), presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que la denuncia no es seria y que tiene una total falta de credibilidad, pues a su criterio cuando se realiza este tipo de acusaciones se debe ser más preciso y explicar quién será el beneficiado y cuánto será el dinero otorgado. Borda precisó que una denuncia general no busca otra cosa que desprestigiar al candidato presidencial del MAS y por ello debe ser tomada de quien viene.

“Se debe recordar que se formó una comisión compuesta por oficialistas y opositores para que se investigue el caso Lava Jato y las conclusiones documentadas fue ron que los casos de corrupción no corresponden a la gestión del presidente Morales, sino al de la oposición”, puntualizó Borda. Desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) evitaron hablar del tema indicando que la obra de OAS fue en gestiones anteriores.

Sin entrega oficial

En 2012, el expresidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic (ahora fallecido), hizo notar que el costo de la ruta (Potosí-Tarija) superó los $us 300 millones, cuando el contrato se empezó con $us 180 millones. La vía tiene una extensión de 433 kilómetros y debía ser construida con una inversión de $us 226 millones, pero las idas y venidas de Queiroz Galvao y la presencia de OAS hacen difícil tener la certeza de cuánto dinero se destinó en esta obra carretera.

A fines de 2018, el presidente de la Comisión Vial del Comité Cívico de Tarija, Gustavo Rodríguez, aseguró conocer que a inicios de 2017 se procedió a la recepción definitiva por parte de la ABC, y que desde entonces se ha adjudicado el mantenimiento a empresas menores.

“No hubo inauguración oficial, ni se consultó para hacer la recepción definitiva”, afirmó Rodríguez