ECONOMÍA

Gobierno admite que empresas 'estatizadas' no se consolidaron


Amparados en el Código de Comercio, las entidades con la razón social de sociedades anónimas no dan informes. El diputado cruceño Tomás Monasterio anuncia Acción de Cumplimiento contra el Estado


La denuncia es que estas empresas actúan como empresas privadas y evitan la fiscalización
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07/11/2018

Las empresas nacionalizadas debieron adoptar la tipología de “empresas estatales”, siguiendo el procedimiento de conversión estipulado en la Ley 466 (Ley de la Empresa Pública), aprobada en diciembre de 2013. El Gobierno admitió que luego de cinco años de contar con una ley al respecto, no se la ha aplicado en entidades que continúan siendo sociedades anónimas (SA). Asambleístas de oposición temen falta de control. Se instaura una Acción de Cumplimiento para ordenar al Gobierno a cumplir la ley, bajo advertencia de procesos penales por incumplimiento de deberes.

En las últimas semanas, el diputado Tomás Monasterio y el senador Óscar Ortiz, han denunciado este incumplimiento y que por tener todavía su razón social como empresa privada, estas se abstienen de presentar informes económicos, amparándose en el Código de Comercio.

“Estas empresas están transitando bajo la nueva Ley de Empresas donde ya no necesitan portarse como SA ni regirse bajo el Código de Comercio. Tienen un plazo para que transiten gradualmente a la nueva ley. Algunas pequeñas ya han pasado. Eso nos pueden criticar, que por qué no se lo ha hecho (con las demás)”, reconoció el vicepresidente Álvaro García Linera.



El pasado mes, el senador Ortiz mostró una lista de 13 empresas que siguen siendo SA, que debieron haber asumido la tipología de Empresas Estatales Mixtas.

El diputado Monasterio denunció el 2015, el uso indebido de un vehículo asignado a YPFB-Transporte SA. “Nos hicimos parte de un proceso penal contra el dirigente cruceño de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, y el gerente de YPFB-Transporte Cristian Inchausti. Pero muy grande fue mi sorpresa cuando recibo la notificación de rechazo. Con eso, se reconoce abiertamente, que la empresa YPFB-Transporte es una empresa privada, que Borda no es funcionario público y se establece que YPFB-Transporte no estará inscrita a favor del Estado. Se demuestra la mentira con la que el Gobierno ha venido engañando al pueblo boliviano”, manifestó el diputado.

En una entrevista anterior, el vicepresidente aclaró que consolidar el 100% de las acciones de estas empresas, las dejaría sujetas a la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco), provocando su burocratización. Pero cuando una empresa funciona como SA, toma decisiones rápidas. Reveló que esa fue una estrategia pensada por el mismo Gobierno.

Acción de libertad



Al respecto, Tomás Monasterio indicó que las afirmaciones de García Linera son una confesión abierta y manifiesta de la comisión de un delito, por lo que está recopilando la documentación necesaria para interponer una Acción de Cumplimiento ante el Órgano Judicial y en lo posterior, detectará e individualizará la tipicidad de los delitos incurridos, para iniciar un proceso penal.

“Voy a interponer una Acción de Cumplimiento. Luego veremos la proposición acusatoria para poder demandar al presidente Evo Morales, a su gabinete y miembros que han sido parte de este proceso de nacionalización mentiroso, lleno de engaños, que después de 13 años se ha podido demostrar que estas empresas siguen siendo privadas y no estatales. Voy a plantear que el Órgano Judicial instruya al Estado a que transfiera el 100% de las acciones en favor del Estado sobre estas empresas”, informó.

Irregularidad

El analista económico Alberto Bonadona apuntó a una irregularidad de parte de las autoridades del Gobierno, al no haber informado a la población, sobre las medidas que se tomaron con las nacionalizadas.

“Es una total irregularidad. Las empresas se muestran como públicas cuando no lo son y no se informa de ese estatus a la población. Hay una falta de información y una desviación premeditada de la información. En consecuencia, hay una falta de transparencia. No es lo correcto respecto al manejo de la empresa” porque se ha creado un estatus especial”, dijo Bonadona.