INRA dice que no incumplió leyes con dotación de tierras
El viceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, aseguró que los predios entregados a las comunidades campesinas no son sujetos a la venta ni a hipotecas
El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuaria, Pedro Damián Dorado, dijo este miércoles en EL DEBER Radio que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no ha cometido ningún delito en la autorización de asentamientos humanos a comunidades indígenas, campesinas e interculturales en San Miguel de Velasco, en Santa Cruz.
De esta forma Dorado desvirtuó la acusación presentada por la Gobernación de Santa Cruz, que apuntaba al INRA de incumplir y no respetar la vocación de uso de suelo en la adjudicación y autorización de asentamientos humanos en predios del municipio chiquitano.
"No entiendo la molestia de que un campesino acceda a 30 y 50 hectáreas para producir yuca, maíz, maní, caña. Antes de Evo se dotaban tierras a terratenientes, a los hacendados, ahora con Evo se dota tierras a indígenas y campesinos", aseguró Dorado, en EL DEBER Radio.
El viceministro agregó que los predios entregados a las comunidades campesinas, entre 30 y 50 hectáreas, fueron dotadas en calidad de título colectivo, por tanto estas no se pueden hipotecar ni vender.
Gobernación ve tintes electoralistas
Desde la Gobernación de Santa Cruz, el secretario general Roly Aguilera expresó su rechazo categórico al manejo político discrecional que, a su criterio, el Gobierno está llevando adelante a través de la dotación de tierras en el municipio de San Miguel. Tildó de electoralista la adjudicación de tierras y reparó en la acción ejecutada sin respetar las normas y las leyes vigentes en el propio INRA, que establece que primero se debe consultar y adjudicar a los comunitarios del lugar.
El asentamiento de 69 comunidades campesinas en el municipio de San Miguel de Velasco, ha puesto en debate la política de distribución de tierras en Santa Cruz. En este contexto, el Bloque Cívico Chiquitano reveló que en los municipios que conforman esa región, a la fecha, se asentaron más de un millar de comunidades campesinas llegadas del interior.
Ayer, en San Miguel de Velasco conminaron a las autoridades del Gobierno, a asambleístas y alcaldes chiquitanos a una gran asamblea (sábado 30 de marzo) para pedir explicaciones sobre el proceso y la modalidad que asume el Ejecutivo a la hora de entregar tierras fiscales.
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