Los migueleños piden que el director departamental del INRA, Sergio Imana, desista de las demandas contra los pobladores del lugar, caso contrario, bloquerán carreteras

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3 de abril de 2019, 6:00 AM
3 de abril de 2019, 6:00 AM

San Miguel de Velasco determinó ayer dar un ultimátum de 72 horas al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para que destituya al viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Pedro Damián Dorado, y para que el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Sergio Imana, desista de todos los procesos que la entidad agraria activó en contra de los originarios de la población chiquitana. En caso de una respuesta negativa, bloquerán carreteras desde el lunes 8 de abril.

Cabe recordar, que un congreso cívico realizado el 30 de marzo en esa población chiquitana, resolvió exigir la presencia de la autoridad de Estado para ayer a las 16:00. Esto como respuesta a la carta enviada por Cocarico al alcalde de San Miguel, Óscar Dorado, solicitándole que fije el día y la hora para tratar el problema de tierras que afecta a ese municipio.

Luego de la reunión, en la que también participaron alcaldes de la Chiquitania y el titular del Comité Cívico pro Santa Cruz, Dorado se dirigió a los cientos de personas que lo esperaban.

“Los pobladores de la Chiquitania exigimos la destitución del viceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, quien es la persona que está orquestando los asentamientos. Además, pedimos que el director departamental del INRA, Sergio Imana, desista de las demandas contra los oriundos de San Miguel o el pueblo se para”, dijo Dorado.

Al respecto el viceministro Pedro Dorado dijo que lo consideraba un pedido de la derecha.

El alcalde migueleño, ante la insistencia del ministro Cocarico, propuso que la población exija que se cumplan esos dos requisitos y se fije un plazo de respuesta a la autoridad nacional, para que recién se instale el análisis de la mesa técnica de reconocimiento a comunidades, pequeños productores, agricultores y ganaderos del lugar y posteriormente el análisis de la otorgación de documentos para los originarios. Los pobladores acordaron dar 72 horas de plazo.

Acepta las fallas

En la reunión, Cocarico explicó la política estatal de distribución de tierras y reconoció que hubo fallas en la coordinación con los municipios para llevar a cabo el proceso de dotación. Al cabo de su intervención ofreció mesas técnicas. Al final, se retiró del salón de la alcaldía escoltado por policías.

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