Avasallamientos se vuelven cada vez más peligrosos
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Los recientes avasallamientos de tierra en la provincia Guarayos evidencian una preocupante evolución del crimen organizado en el oriente boliviano. Estos grupos, integrados por decenas de personas armadas, no solo destruyen propiedad privada y roban maquinaria agrícola, sino que también desafían a la autoridad estatal, enfrentan a la Policía y llegan a utilizar a trabajadores y sus familias como escudos humanos. Esta escalada de violencia constituye una forma de terrorismo rural que pone en jaque la seguridad en el campo y puede desencadenar consecuencias aún más graves si no se toman acciones inmediatas.
Un ejemplo alarmante es lo ocurrido en el predio Santa Rita, donde aproximadamente 200 avasalladores armados desalojaron violentamente a policías y trabajadores. El saldo fue de 14 agentes heridos, quienes tuvieron que ser evacuados a la capital cruceña para recibir atención médica. La situación fue tan crítica que la Policía recurrió a un operativo aéreo para recuperar el control de las 6.000 hectáreas ocupadas. A pesar del éxito inicial, los invasores intentaron regresar, lo que obligó a reforzar la presencia policial en la zona.
No contentos con el caos causado, ese mismo día, una banda de encapuchados, presuntamente los mismos, irrumpió en la propiedad San Fernando. Incluso utilizaron una excavadora robada de Santa Rita para abrirse paso. Los métodos empleados —violencia, amenazas y desalojo forzado de familias— reflejan el alto grado de organización y peligrosidad de estos grupos, que actúan con una impunidad preocupante.
El fenómeno no es nuevo. Casos como el de Las Londras, en 2021, donde se reportaron secuestros y amenazas contra periodistas y productores, marcaron un punto de inflexión. Sin embargo, la falta de sanciones ejemplares ha permitido que estas prácticas se perpetúen y se vuelvan más sofisticadas. La ineficiencia y la corrupción dentro del sistema judicial, así como la incapacidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para garantizar la seguridad jurídica, han creado un ambiente propicio para el avance de estas actividades ilícitas.
El saneamiento de tierras en Bolivia sigue presentando serias deficiencias. Predios privados, tierras fiscales no disponibles y reservas forestales son blanco de avasalladores que buscan apropiarse de recursos ajenos o transformar zonas no aptas en áreas de producción. Además, los incendios provocados por estos grupos han agravado los desastres medioambientales que se repiten año tras año en la región.
Es urgente actuar con firmeza. Las autoridades deben priorizar la detención y sanción de los responsables de estos actos, aplicando la ley sin excepciones. Asimismo, se requieren medidas penales contra los traficantes de tierras que operan en complicidad con estos grupos. Es imperativo sentar precedentes que disuadan futuros actos de violencia.
Por otro lado, es fundamental fortalecer la presencia policial en áreas rurales y garantizar la seguridad física y jurídica de los productores. El INRA debe asumir un rol más eficiente en la supervisión y administración de tierras, recuperando aquellas que sean patrimonio fiscal y brindando respaldo a los productores que ya han saneado sus propiedades.
Enfrentar esta problemática no solo es una cuestión de justicia, sino de proteger el desarrollo económico, social y ambiental de Bolivia. Sin medidas contundentes, el campo continuará siendo rehén de un crimen organizado que amenaza con derrumbar las bases mismas de la convivencia y el progreso en el oriente boliviano.
