El contrabando y la legitimidad social

Un reciente estudio de la Cámara Nacional de Industria (CNI) ha puesto al descubierto una realidad alarmante: el contrabando no solo está en auge en Bolivia, sino que también está ganando una preocupante aceptación social. La encuesta, titulada ‘El Contrabando en Bolivia: entre la ilegalidad y la legitimidad social’, revela que un 48% de los encuestados considera que el contrabando es "importante para la economía nacional".

Esta percepción, aunque errónea, es un reflejo de la compleja realidad socioeconómica del país. La informalidad, que ronda el 86%, sumada a la falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes, ha empujado a muchos bolivianos a ver en el contrabando una alternativa para obtener ingresos.

El estudio también destaca un cambio en el perfil de los contrabandistas. Si bien las redes del crimen organizado siguen siendo un actor importante, la encuesta revela que la clase media urbana está empezando a participar en el contrabando hormiga, a pequeña escala, como forma de complementar sus ingresos. Este escenario también refleja la falta de oportunidad laboral en Bolivia.

Este fenómeno tiene graves consecuencias para la economía formal del país. El contrabando representa una competencia desleal para las empresas legalmente establecidas, lo que afecta a su productividad, competitividad y capacidad de generar empleos. Se estima que el contrabando le costó a Bolivia más de 3.300 millones de dólares en 2022, una cifra que duplica el crecimiento del PIB del país.

Más allá de las repercusiones económicas, el contrabando también tiene un impacto social negativo. Debilita el Estado de derecho, corrompe instituciones y genera violencia. Además, al ser una actividad informal, no ofrece ninguna protección social a los trabajadores que participan en ella.

Es necesario tomar medidas urgentes para combatir el contrabando y revertir la preocupante tendencia hacia su legitimación social. Se requieren estrategias integrales que combinen medidas de control y represión con políticas públicas que aborden las causas socioeconómicas que lo alimentan.

Algunas medidas que se podrían considerar son el fortalecimiento de las instituciones aduaneras. En su momento, el Banco Mundial apoyó la institucionalización de los cargos en los años 90, pero con los cambios de gobierno, volvió la politización; un retroceso. Asimismo, se debería invertir en tecnología, capacitación y personal para mejorar la detección y el control del contrabando.

Otra alternativa, planteada por los empresarios es el aumento de las sanciones: endurecer las penas para los contrabandistas, especialmente para las redes del crimen organizado.

Asimismo, urge promover la formalización: facilitar la creación de empresas y el acceso al crédito para los emprendedores. Estas medidas impulsarán la generación de empleo formal con programas de formación y capacitación para jóvenes en áreas con alta demanda laboral.

También son importantes las campañas de concienciación: informar a la población sobre los efectos negativos del contrabando en la economía y la sociedad. Cómo se cierran empresas que contribuyen vía impuestos a la salud y educación de los bolivianos.

Combatir el contrabando no solo es un desafío económico, sino también un imperativo social. Es necesario un esfuerzo conjunto del Estado, el sector empresarial y la sociedad civil para proteger la economía formal, generar empleos decentes y fortalecer el Estado de derecho.

Ignorar esta problemática solo la agravará, con consecuencias nefastas para el futuro de Bolivia.