Hay desaliento en las elecciones judiciales
Hoy, 7,3 millones de bolivianos están obligados a acudir a las urnas para elegir a las altas autoridades del Poder Judicial, mejor dicho a algunas de ellas, porque se trata de una elección cercenada a punta de sentencias de un Tribunal Constitucional Plurinacional con miembros autoprorrogados o que alargaron su mandato en una acción altamente cuestionada por el país.
La mayoría de los electores acudirá a las urnas por obligación antes que por convicción. Los aspirantes a magistrados son desconocidos y se cree que tienen vinculaciones políticas. Tampoco ha sido suficiente la socialización de las papeletas y no todos saben cuántas veces tienen que marcar; en qué casos se elige a autoridades por departamento o cuáles son los que tendrán representación nacional. Los candidatos son desconocidos a pesar de que algunos hicieron campaña, pese a que esta estaba prohibida.
La convicción mayoritaria es que esta elección no cambiará la realidad nacional: la justicia está en deplorables condiciones y que haya nuevas autoridades no parecer ser suficiente para transformar una estructura pesada y con mala imagen.
Oficialistas y opositores reconocieron en innumerables ocasiones que la elección judicial fue un error de la Constitución Política del Estado, ya que con ella se dejó a un lado la meritocracia de los notables que deberían administrar justicia. En cambio, tenemos magistrados funcionales al Gobierno que solo han fallado para sobredimensionar el poder central.
Las sentencias constitucionales que pospusieron y mutilaron la elección judicial de esta jornada son un pésimo precedente y pueden estar marcando la ruta que seguirán las elecciones presidenciales. Cabe anotar que los magistrados autoprorrogados son los que se quedarán en el Tribunal Constitucional durante tiempo indefinido, porque fueron ellos mismos los que impidieron que se celebren comicios para este alto tribunal en cinco regiones. Es así que solo habrá cuatro nuevos magistrados, mientras que los actuales (altamente cuestionados) se mantendrán en sus cargos y seguirán teniendo poder para bloquear cualquier proceso en el país. Ya actuaron para anular al Legislativo y al Electoral.
Ese es el contexto de lo que hay en este momento. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Su obligación es votar. En las dos anteriores elecciones judiciales ganaron los votos blancos y nulos, lo que representaba el rechazo ciudadano a los comicios para elegir autoridades judiciales; sin embargo, esto ayudó al triunfo con bajísima representación de magistrados controvertidos y no siempre probos.
Durante las últimas horas circularon en redes sociales varias fórmulas de voto, tanto del oficialismo como de la oposición. Lo que el ciudadano tendría que hacer es actuar con responsabilidad; es decir, informándose sobre quiénes son los candidatos, qué antecedentes tienen, no solo la hoja de vida, sino fundamentalmente en su desempeño profesional. En otras palabras, que el acto de sufragar no sea un automatismo por cumplir, ya que el ciudadano tiene el poder del voto en sus manos.
Mientras tanto, queda una deuda pendiente: la reforma de la justicia. Hay que recordar que el gobierno de Luis Arce anunció una cumbre al llegar al poder, pero no cumplió. Un grupo de juristas independientes intentó que haya una reforma constitucional para hacer cambios de fondo, pero esto también se frustró a medio camino.
La institucionalidad de la justicia está venida a menos y urge un acuerdo político para hacer los cambios que sean necesarios en el sistema judicial imperante.
