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1 de mayo de 2024, 4:00 AM
1 de mayo de 2024, 4:00 AM

Jorge Lizárraga Torrico

En muchas ocasiones, hemos intentado por diferentes medios manifestar nuestra posición frente a la necesidad de captar mayor inversión privada en el país y cual podría llegar a ser el punto de equilibrio para afianzar las relaciones público-privadas para el empoderamiento empresarial del Estado, bien sea por sí solo o a través de socios estratégicos, siendo el punto de inflexión, entre otros aspectos, la transparencia de la información para así potenciar nuestro aparato productivo, fortalecerlo, afianzar relaciones y fomentar inversiones privadas en especial.

Es también conocido que muchas veces hicimos conocer nuestro parecer respecto a cómo debiéramos abordar el tema de inversiones extranjeras en específico,  insistiendo en cada momento que es oportunidad para hacer una diferenciación puntual y concreta respecto al tratamiento de esta asignatura pendiente y fracaso en el pasado, para poder caminar todos sobre un mismo sendero y hacia un mismo objetivo, pero ante todo en el marco constitucional actual y/o proponiendo modificarlo pero ante todo precautelando los intereses del Estado, por lo que quizá sea oportuno que nuestro supremo gobierno a partir de mayo 2024 además de seguir haciendo gestión, comience también en plantear, si corresponde, la necesidad de fortalecer empresarialmente al Estado, priorizando y atendiendo un asunto que dependiendo de su gestión y resultado dependerá y en mucho al vencedor de mañana.                                                                                                                             

No debemos perder de vista que el parágrafo III del Artículo 306 de la CPE determina que la economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia; De igual manera el texto constitucional en el parágrafo I del Artículo 308 señala que el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social, y fortalezca la independencia económica del país.

En ese marco, la Ley 466 de la Empresa Pública, tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, que comprende a las empresa estatales, mixtas, estatales mixtas e intergubernamentales, para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado boliviano, en beneficio de todos los estantes y habitantes de nuestra amada patria.

No debemos olvidar, que el Estado es quien conduce el proceso de planificación económica y social, dirige la economía y ejerce el control y dirección de las áreas y sectores estratégicos del país, así como que el Estado en su rol de promotor y protagonista del desarrollo económico y social del país, orienta las inversiones hacia actividades económicas que impulsen el desarrollo económico y social, generen empleo digno y contribuyan a la erradicación de la pobreza, la reducción de desigualdades económicas, sociales y regionales, por lo que la participación público-privado es muy relevante.

Es así que, las Alianzas Público-Privadas – APP, que emerge desde el 2013, con la promulgación de la Ley 466 ya referida, habilita la posibilidad de suscripción de contratos de inversión conjunta entre empresas públicas y privadas en busca de forjar alianzas estratégicas para fomentar y elevar la economía boliviana, y lo que ello implica o genera, y lo que llama más la atención de propios y extraños en el marco del D.S. 3469, que establece preceptos y fija contenidos mínimo de los contratos de Alianzas estratégicas de inversión conjunta, es que solo para sectores estratégicos debe garantizarse que el control y dirección de la actividad sea asumida por el Estado, por lo que se abre mayores oportunidades de que el manejo sea acompañado, en otro tipo de empresas del Estado, por una institucionalidad y verdadero know how empresarial privado. “aunque ciertamente, esto sin una estructura normativa garantista, no podrá ser efectivo”, por lo que es políticamente errado creer que el gobierno del presidente Arce se esté neoliberalizando cuando en realidad lo que pretende es vivir bajo el modelo creado, sobre la base constitucional vigente y este vaya integrando a todos sin excepción, y con serias perspectivas de que estas decisiones generen frutos por el bien de Bolivia.

En esta misma línea, la Ley 516 de promoción de inversiones, habilita la posibilidad de colocar aportes de inversión a través de sociedades comerciales, empresas públicas, empresas de capital mixto y mediante contratos de inversión conjunta, la cual, además, como objetivo principal, busca delimitar la estructura de las inversiones en Bolivia, siendo uno de estos medios las APP, sin embargo, hasta tanto no exista la migración que establece la disposición transitoria decima primera de la Ley 466, todo esto como otros asuntos referidos a las empresas del Estado, no podrían prosperar.                                                                                              

Finalmente, el pasado 26 de abril, el presidente Luis Arce y la dirigencia de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz coincidieron en la necesidad de mejorar la productividad y potenciar la industrialización con sustitución de importaciones, una de las políticas centrales del Gobierno nacional, acordando conformar una mesa de trabajo para encarar, de forma conjunta y entre otros, los desafíos y ventajas del ingreso pleno de Bolivia al bloque compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque este hecho integracionista y de adhesión, deberá iniciarse para Bolivia previa aprobación por referéndum en el marco de lo que establece el art. 257 de la CPE, que bien podría aprovecharse la elección nacional para realizar dicha consulta popular, por tema de costos, y que aunque parezca mucho tiempo paralelamente podría trabajarse y adelantar esfuerzos, o no?.

“Es trascendental corregir falencias del pasado, para encarar el presente con optimismo hacia un futuro de verdadera construcción de país, siendo necesario fortalecer empresarialmente al Estado, para vivir bien”.

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