Negociación antes que arbitraje

Tan pronto como las vacunas contra el covid-19 salieron al mercado a finales de 2020, Bolivia buscaba asegurar la provisión de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia. En aquel entonces, la enfermedad ya causaba estragos en todo el mundo, incluida Bolivia, y todos los países competían por asegurar dosis para proteger a sus ciudadanos.

La pandemia impulsó a las grandes industrias farmacéuticas, principalmente ubicadas en el mundo occidental, a trabajar contrarreloj para desarrollar y obtener la aprobación de vacunas por parte de los organismos de salud para su uso inmediato. En este contexto, el presidente Luis Arce optó por las vacunas rusas, en parte por afinidad ideológica, como respuesta a la emergencia.

Ahora, con la crisis de salud global pareciendo un recuerdo lejano, ha surgido una controversia sobre el pago de estas vacunas. Rusia exige que se le pague poco más de 27 millones de dólares, y si Bolivia no cumple, el caso podría ser llevado a cortes internacionales, específicamente en Singapur.

El procurador general del Estado, César Siles, ha declarado que el contrato con el proveedor ruso se firmó en 2020 y que la controversia surge porque Rusia reclamó el pago el último trimestre del año pasado por un envío pendiente. Sin embargo, en este momento, Bolivia ya no necesita esas vacunas.

La información proporcionada por la Procuraduría no ha sido del todo clara. Se sabe que el contrato estipulaba la compra de un número determinado de dosis, dividido en diferentes entregas. Aunque el gobierno boliviano había anunciado que tendría 1,7 millones de dosis hasta mayo de 2021, este anuncio no se cumplió. Al cierre de la jornada de ayer, el procurador aclaró que solo se recibió la primera entrega y que las otras tres establecidas en el cronograma no llegaron. Según la autoridad, quedaron pendientes de entrega 1.365.000 dosis.

Un diputado y diplomático duda de la posición del procurador y señala la falta de información sobre las implicaciones del arbitraje para el país. Destaca que Bolivia se encuentra sola en este tipo de litigios desde 2007, ya que el país no forma parte del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).

Esto implica que Bolivia tendría que comparecer ante una corte en Singapur, que llevaría a cabo el arbitraje bajo la ley inglesa, según cláusulas contractuales. De ser así, Bolivia necesitaría contratar abogados extranjeros, cuyos honorarios son considerablemente altos, como ha experimentado en otras causas arbitrales derivadas de procesos de nacionalización liderados por el gobierno de Evo Morales.

El especialista considera que Bolivia corre el riesgo de perder nuevamente en este escenario y recomienda al gobierno de Luis Arce buscar una solución a través de la vía diplomática. Razón no le falta, dado el apoyo que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha recibido de su homólogo boliviano, incluso en asuntos delicados como la invasión de Rusia a Ucrania. En esta línea, el procurador Siles asegura que ninguna de las partes desea llevar esta controversia a un arbitraje. Destaca que las relaciones comerciales entre ambos países no se verán afectadas por la controversia y que las negociaciones con el Kremlin siguen en curso.

Es evidente que a Bolivia le conviene resolver esta controversia a través de una negociación amistosa. Los precedentes de procesos de arbitraje recientes no son favorables para el país, y es crucial evitar que estos se repitan. Y mientras la diplomacia trata de hacer lo suyo, no estaría de más ajustar las estrategias jurídicas de los defensores del Estado para anticipar estos trances indeseables.