El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció ayer que su Gobierno decidió negar el pedido de asilo que había presentado el ex mandatario peruano Alan García, investigado por corrupción y quien abandonó la embajada uruguaya en Lima tras ser notificado de la resolución.

“En Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos” del exmandatario, y por “consideraciones estrictamente jurídicas y legales (...) no concedemos el asilo político al señor Alan García”, dijo Vázquez en rueda de prensa junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

“Había que dar una respuesta rápida”, señaló el mandatario, que se apoyó en la lectura de tratados de derecho internacional público para fundamentar su argumentación.

“En Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso”, tuiteó luego el presidente peruano, Martín Vizcarra.

El canciller uruguayo, Nin Novoa, recordó que García inició el trámite de pedido de asilo en base a la Convención de Caracas de 1954, y leyó uno de los artículos de ese tratado en el que, remarcó, se señala que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas” ante tribunales ordinarios competentes por “delitos comunes”.

García, de 69 años, pidió asilo en la embajada uruguaya el 17 de noviembre luego de que la justicia peruana le prohibiera salir del país durante 18 meses, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción de la línea uno del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).

El expresidente es sometido a una investigación preliminar de la Fiscalía, pero aún no es un procesado. Tiene prohibida la salida del país, pero no tiene orden de arresto.

Alega ser víctima de una “persecución política” en su país.

El Gobierno uruguayo considera que “no (se) constituye persecución política tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos durante sus dos gestiones”.