Aprueban ley que fija recompensa para quien denuncie corrupción en Panamá
El proyecto de ley aprobado establece una recompensa del 10 al 30% de lo que pueda recuperar el Estado
El Parlamento unicameral de Panamá aprobó este martes un proyecto de ley que establece para aquellos ciudadanos que denuncien actos de corrupción pública una recompensa de hasta el 30% de lo que el Estado logre recuperar.
Se trata del Proyecto 215, que establece medidas de protección y retribución económica a los ciudadanos que denuncien la presunta comisión de delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales que afecten al Estado, informó la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, la gran mayoría en manos de la oposición.
Esta norma, que para su entrada en vigor requiere la ratificación del Ejecutivo, dicta que las personas que denuncien los posibles ilícitos "recibirán en efectivo entre el 10 % y el 30 % del total recuperado por el Estado cuando estos activos pasen a formar parte definitiva del patrimonio estatal".
El Parlamento indicó en una declaración pública que para tener derecho al incentivo o recompensa, los denunciantes deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos no tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los profesionales del Ministerio Público.
También aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción que los hechos constituyen actos ilícitos y que permitan la identificación o individualización de los autores, y colaborar con la autoridad competente en las etapas del proceso.
Esta norma también garantiza la protección de los denunciantes a través de medidas como la reubicación en el país o fuera de este, ya sea temporal o permanente; cambio del lugar de trabajo sin que ello signifique el desmejoramiento de sus condiciones laborales, "o cualquier otra medida que determine la ley", indicó la Asamblea Nacional.
La Justicia panameña ha informado que investiga decenas de casos de corrupción, siendo los más mediáticos los que vinculan a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La batalla por adecentar la administración pública, de la que ha hecho bandera el gobierno del presidente Juan Carlos Varela que culminará el próximo 1 de julio tras cinco años, se libra en medio de denuncias de persecución política de los señalados, incluido Martinelli, y de acusaciones de lentitud y parcialidad contra la Fiscalía General y los tribunales.
Martinelli está detenido preventivamente en una cárcel de mínima seguridad de Panamá desde el 11 de junio de 2018, día en que llegó extraditado por Estados Unidos, y enfrenta un juicio por supuestas escuchas ilegales y peculado que conllevaría a una pena de hasta 21 años de cárcel.
