Están ubicados en la región de Xinjiang, de mayoría musulmanas. Se trata de centros de concentración y reeducación de uigures.

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6 de noviembre de 2018, 10:28 AM
6 de noviembre de 2018, 10:28 AM

China se someterá hoy a las preguntas de miembros de la ONU sobre su programa de internamiento de ciudadanos musulmanes, cada vez más criticado en todo el mundo.

Casi un millón de uigures y miembros de otras etnias chinas de lengua turca están o estuvieron detenidos en campos de “reeducación” en Xinjiang, según estimaciones citadas en agosto por un grupo de expertos de Naciones Unidas. 

 

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), previsto para los 193 miembros de Naciones Unidas cada cuatro años, aproximadamente, China presenta a la ONU en Ginebra un informe sobre la situación de los derechos humanos en su territorio y los cambios acontecidos desde su último informe, de 2013. 

 

Todos los países podrán plantear preguntas. Algunas ya fueron publicadas, como las de Estados Unidos: "¿Puede China aclarar el fundamento de la aparente criminalización de prácticas religiosas pacíficas y la justificación de la detención en esos campos 'de reeducación' de Xinjiang, así como las autoridades responsables de esas políticas?". 

 

Washington preguntará también cuál es "el número de personas retenidas contra su voluntad en todos los centros de detención de Xinjiang en los últimos cinco años". 

 

El Reino Unido pedirá información sobre cuándo aplicará Pekín una recomendación de un comité de la ONU para "poner fin a la práctica de detención en instalaciones extrajudiciales". 

Estados Unidos y Alemania reclaman que la ONU tenga acceso para investigar en Xinjiang y en Tíbet. 

 

En un primer momento, China negó la existencia de tales centros en Xinjiang, pero tras la publicación de imágenes satelitales y la presencia de documentos oficiales de autoridades locales en internet que mencionaban su existencia, las autoridades hablaron de centros educativos en los que se enseña chino, deporte o bailes folclóricos para atajar el extremismo religioso. 

 

'Como prisiones'  

 

Una investigación de la AFP de más de 1.500 documentos públicos accesibles en internet reveló en octubre que esos centros, 184 de los cuales establecidos en Xinjiang desde 2014, compraron principalmente porras, esposas o aerosoles de gases lacrimógenos. 

 

Los centros deben "enseñar como escuelas, ser gestionados como el Ejército y defendidos como prisiones", según uno de los documentos, que citaba al jefe del Partido Comunista Chino (PCC) en Xinjiang, Chen Quanguo.

 

Una serie de atentados que Pekín imputó a separatistas o extremistas uigures dejaron cientos de muertos en los últimos años. Las autoridades aseguran estar preocupadas por un auge del islamismo radical en la región, donde la mitad de los cerca de 24 millones de habitantes es de confesión musulmana. 

 

Según activistas en el exilio, se trata de campos de reeducación política cerrados. Algunos exinternos afirmaron haber sido detenidos por llevar la barba larga, velo o haber enviado felicitaciones por internet en celebraciones musulmanas. 

 

"El Gobierno chino debe aportar respuestas a las preguntas de la comunidad internacional", declaró a la AFP Maya Wang, de la ONG Human Rights Watch (HRW). 

 

Por su parte, Patrick Poon, experto en China de Amnistía Internacional, deseó "un mensaje inequívoco que le diga a Pekín que la campaña de represión sistemática en la región autónoma de Xinjiang [...] debe tocar a su fin". 

 

La delegación china estará encabezada por un viceministro de Relaciones Exteriores, Le Yucheng. También asistirán responsables de Xinjiang, Tíbet, Hong Kong y Macao. 

 

El caso de Xinjiang no será el único relacionado con el estado de los derechos humanos en

China que se tratará durante la sesión. Temas como el endurecimiento de la vigilancia digital o la represión de voces díscolas con el gobierno estarán igualmente sobre la mesa. 

 

"China se opone a la politización de los derechos humanos y a los 'dobles raseros', y apoya la equidad y la justicia internacional", aseguró Pekín en un informe reciente, en el que recalcó que "la situación de los derechos humanos no es perfecta en ningún país".

 

"China afronta todavía numerosos desafíos y dificultades para promover y respetar los derechos humanos", agregó.