Dan 6 años de prisión al cuñado del rey de España
Redujo no obstante la condena emitida en 2017 por un tribunal en Palma de Mallorca (Islas Baleares, este), de 6 años y 3 meses, descartando un delito de falsedad en documento público
Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, fue condenado este martes por el Tribunal Supremo a casi 6 años de cárcel, abocándolo a un probable ingreso en prisión en los próximos días por un caso de corrupción que manchó a la monarquía española.
Tras estudiar los recursos de Urdangarin, que pedía su absolución, y de la fiscalía, que demandaba aumentar la pena a diez años, el Supremo confirmó "en lo sustancial" la condena en primera instancia, dictando 5 años y 8 meses de cárcel para el ex medallista olímpico de balonmano.
Redujo no obstante la condena emitida en 2017 por un tribunal en Palma de Mallorca (Islas Baleares, este), de 6 años y 3 meses, descartando un delito de falsedad en documento público, pero reteniendo para Urdangarin los de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.
La Audiencia Provincial de Palma convocó para este mismo miércoles a Urdangarin y otros dos condenados en este caso, para comunicarles la sentencia. Previsiblemente les otorgará un plazo para su entrada voluntaria en prisión, que suele ser de 15 días.
Así, se acerca el fin de una saga judicial que estalló en 2010, en plena crisis económica, perjudicó la imagen de la monarquía española y contribuyó a precipitar la abdicación de Juan Carlos en su hijo Felipe VI, en junio de 2014.
El esposo de la infanta Cristina, hermana de Felipe VI, todavía puede intentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Si lo admite a trámite, el Constitucional podría en teoría dejar en suspenso la sentencia hasta tanto decida si se vulneraron sus derechos, aunque según su propia jurisprudencia esa decisión solo la toma con penas menores de cinco años de prisión.
Urdangarin, de 50 años, fue condenado en febrero de 2017 por el tribunal en Palma de Mallorca a seis años y tres meses de prisión, además de una multa de 512.000 euros, por hechos ocurridos en 2004-2006 en Baleares.
Se le acusó, junto a su ex socio el empresario Diego Torres, de malversar en beneficio propio varios millones de euros donados por organismos públicos al Instituto Nóos, un ente sin ánimo de lucro que él presidía.
El Supremo rebajó la sentencia de Torres a 5 años y 8 meses, una reducción sensible de los 8 años y medio que recibió en primera instancia.
