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9 de enero de 2019, 4:00 AM
9 de enero de 2019, 4:00 AM

La renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal general de Perú, aceptada ayer por la Junta de Fiscales Supremos, busca poner fin a una grave crisis en el Ministerio Público que llevó al Ejecutivo a plantear su declaración de emergencia para evitar que se frustren las investigaciones por el escándalo Odebrecht en el país.

La situación de Chávarry al frente de la Fiscalía de la Nación quedó en entredicho desde el momento mismo de su designación, a mediados del año pasado, por las sospechas de que estuvo avalado por los votos de allegados a los partidos de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y del expresidente Alan García.

Tanto Fujimori como García están investigados por el escándalo de sobornos repartidos por la empresa brasileña Odebrecht en el país, así como los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Chávarry tampoco pudo aclarar su cercanía con el suspendido juez supremo César Hinostroza, detenido en España a la espera de su extradición, y con el empresario Antonio Camayo, implicados en una gran red de corrupción en la judicatura peruana que negociaba sentencias y puestos a cambio de dinero y favores políticos.

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