Fernández se sienta en el banquillo acusada de liderar asociación ilícita
La exmandataria argentina enfrenta 12 causas por corrupción. CFK asegura que es inocente y que todo es parte de una maniobra política para inhabilitar su candidatura. Militantes y organizaciones la apoyan
Expresidenta, senadora y ahora aspirante a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) escuchó ayer los cargos en su contra en la primera audiencia de un juicio por corrupción que se lleva a cabo en paralelo con la campaña para las elecciones de octubre próximo. La acusan de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos.
Fernández, una abogada de 66 años que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, tiene 12 causas abiertas por presunta corrupción y cinco pedidos de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros parlamentarios. También se han embargado sus cuentas.
Vestida con un traje de falda y chaqueta azul marino con una blusa blanca, la exmandataria llegó a la sede del tribunal poco antes del mediodía local, la hora pautada para el inicio de la audiencia. Un puñado de militantes de su corriente de izquierda del peronismo la despidió entre vítores cuando partió de su departamento en el elegante barrio de Recoleta, en Buenos Aires.
Sin hacer ninguna declaración, CFK se sentó en la última fila de los acusados, rodeada por sus abogados. Parlamentarios de su partido, Frente para la Victoria, y líderes de organismos de defensa de los derechos de humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la acompañaron entre el público.
La audiencia, dedicada exclusivamente a la lectura de cargos, duró tres horas. El tribunal convocó otra sesión para el próximo 27 de mayo en la que proseguirá con la lectura del expediente acusatorio, que consta de más de 600 folios.
A la salida del tribunal, CFK sonrió y saludó brevemente con la mano a un grupo de partidarios que la esperó en la calle.
Primer juicio oral
La causa conocida como Vialidad es la primera que llega a juicio oral, y se prevé que extendia aproximadamente por un año, con audiencias semanales.
Con el cargo de jefa de una asociación ilícita, se le acusa de haber favorecido al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, en la concesión de licitaciones para obras viales.
Según la querella, la trama se prolongó durante los tres periodos de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, desde 2003 hasta 2015. En esos años la provincia de Santa Cruz (sur), de la que el exmandatario fallecido en 2010 era oriundo y de la que fue también gobernador, concentró las obras públicas del país.
La acusación asevera que muchas de las obras adjudicadas en Santa Cruz fueron pagadas pero no terminadas y los trabajos tuvieron sobreprecio.
En total hay 13 imputados. Además del propio Lázaro Báez, también se acusa al exministro de Planificación Julio de Vido y el exsecretario de obras públicas José López, ambos bajo detención y quienes ocuparon esos cargos ininterrumpidamente durante los doce años de los gobiernos Kirchner.
Fernández, que el fin de semana sorprendió a los argentinos con el anuncio de que optará a la vicepresidencia en una fórmula que encabeza su exjefe de gabinete Alberto Fernández, sostiene que los procesos judiciales en su contra son una “persecución política”.
