MUNDO

Maduro asumirá bajo la sombra de la ilegitimidad y el aislamiento externo


El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convocó a Maduro a asumir fuera de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La OEA convoca a reunión urgente del Consejo Permanente para tratar la crisis. La UE reclama una salida


Chavistas marcharon con armas en mano en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro
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09/01/2019

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convocó ayer al jefe de Estado, Nicolás Maduro, para investirlo el jueves como presidente reelegido por haber obtenido la victoria en unos comicios señalados de fraudulentos y no reconocidos por la oposición y numerosos gobiernos, entre ellos, el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos impulso nuevas sanciones económicas contra altos funcionarios y directivos del Gobierno de Maduro.

El presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, dijo que el líder chavista no tomará juramento ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), como indica la Constitución, por encontrarse este foro controlado por la oposición en “desacato”.

Los magistrados acordaron convocar a Maduro para el día 10 de enero a las 14:00 GMT “a los fines de ser juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025”, dijo Moreno en una alocución que fue transmitida por el canal multiestatal Telesur.



El Supremo declaró a la Cámara en desacato semanas después de que el antichavismo se hiciera con la mayoría de los escaños a principios de 2016 y desde entonces Maduro no rinde cuenta a los diputados en tanto que el resto de poderes públicos, cercanos al Ejecutivo, no toman en cuenta las decisiones del Legislativo.

Esta situación “imposibilita que el ciudadano Nicolás Maduro, presidente electo y en funciones lo haga (el juramento) ante ese Parlamento nacional”, dijo Moreno.

En mayo pasado Maduro ganó con casi el 70% de los votos en una contienda en la que no participó el grueso de la oposición por considerar que no estaban dadas las condiciones para que la competencia fuera justa y transparente, entre otras cosas, por la inhabilitación política de sus principales dirigentes.

El Parlamento ha dicho que no reconocerá la legitimidad de Maduro desde este jueves, cuando, denuncian, la primera magistratura del país será “usurpada” por el líder chavista.



Varios gobiernos de América y Europa han advertido que no reconocerán al Gobierno de Maduro, señalado ya por algunos como un régimen dictatorial bajo el cual el país petrolero entró en su peor crisis económica.

Bajo la sombra

Maduro asumirá bajo la sombra de ilegitimidad que presagia más aislamiento internacional, y en la peor crisis económica en la historia reciente del país petrolero.

Maduro, de 56 años, jurará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -y no frente al Congreso, único poder no oficialista-, tras ser reelegido el 20 de mayo en comicios boicoteados por la oposición, que denunció un fraude, y desconocidos por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y 12 países latinoamericanos.

A excepción de México y respaldado por Estados Unidos, el Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos, instó el viernes al mandatario socialista a no posesionarse y a transferir el poder al Parlamento.



El nuevo mandato de Maduro coincide con la llegada al poder en Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro que, con el apoyo del gobierno de Donald Trump, busca liderar una coalición regional contra la que tilda de “dictadura”.

Caracas se acercó más a sus aliados Rusia, China, Irán, Turquía y Corea del Norte, previendo mayor presión internacional. La UE, por su parte, llamó a una nueva elección “libre y justa”, y el jueves la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá sesión extraordinaria sobre Venezuela.

Sanciones de EEUU

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Venezuela que apuntan a personas acusadas de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada del control de cambio, a días de que el presidente Nicolás Maduro asuma su segundo mandato, denunciado como ilegítimo.

Las nuevas sanciones recaen sobre siete personas y una veintena de empresas acusadas de beneficiarse de ese esquema, una lista que incluye a Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión.