El primer ministro haitiano Jack Guy Lafontant renunció este sábado tras la violencia desatada por un aumento en los combustibles luego anulado, y ahora el gobierno deberá hallar una estrategia para cumplir con las metas acordadas con el FMI.

"Antes de venir aquí (al parlamento), presenté mi renuncia" al presidente Jovenel Moïse, quien "la aceptó", dijo Lafontant en el Congreso.

Horas después Moïse dirigió un mensaje al país en el que prometió que el nuevo gobierno será "inclusivo", abarcará a "todas las fuerzas vivas" y tendrá como misión "aliviar la miseria del pueblo, desarrollar la agricultura,la energía y toda la infraestructura del país".

La renuncia de Lafontant apacigua solo en parte la fuerte tensión política y social tras la ola de violencia entre el 6 y el 8 de julio, después de que el gobierno anunciara una fuerte subida del precio de los combustibles -38% la gasolina, 47% el diésel y 51% el kerosene-.

Puerto Príncipe, la capital, y otras ciudades del empobrecido país montaron bloqueos de rutas y decenas de tiendas fueron saqueadas y quemadas, y al menos cuatro personas murieron durante los disturbios.

El sábado 7, un día después del anuncio del ajuste, el gobierno dio marcha atrás en las medidas. Pero ante la falta de respuesta política a la violencia, varios sectores de la sociedad haitiana exigieron la renuncia de Lafontant, un médico de profesión sin experiencia política y amigo del presidente Moïse que había sido nombrado en el cargo en febrero de 2017.

 Varios centenares de haitianos marcharon este sábado no sólo para exigir la renuncia de Lafontant, sino también la del mandatario. "No es solo cuestión de cambiar al primer ministro, porque día a día, el pueblo sufre más miseria, desempleo, inseguridad, hambre", dijo Fleurette Pierre, una manifestante.

Difícil tarea

Haití está sumido en la pobreza: cerca de un 60% de la población vive con menos de 2 dólares diarios y son muy sensibles a cualquier aumento de precios. En febrero, Haití firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que se comprometió a emprender reformas económicas y estructurales para promover el crecimiento.

Una de las condiciones es la eliminación de los subsidios a los productos del petróleo, lo que llevó a anunciar el ajuste que generó la ola de violencia. El acuerdo con el Fondo también insta al gobierno a mantener la inflación por debajo del 10%.

Desde 2015, la inflación araña el 14% anual. El proyecto de presupuesto remitido al Parlamento a fines de junio prevé un 13,6% para el cierre del año.

El jueves, tras la violencia generada por el anuncio del aumento de los combustibles, el FMI sugirió al gobierno haitiano eliminar los subsidios en forma gradual.

"Continuaremos apoyando a Haití y ayudando (...) a las autoridades a medida que desarrollan una estrategia revisada" que incluiría "un enfoque mucho más gradual para eliminar los subsidios", explicó Gerry Rice, portavoz del FMI, en conferencia de prensa.

Rice recordó que la eliminación de los subsidios al combustible debería permitir al gobierno liberar fondos para financiar medidas sociales. El gobierno haitiano tendrá una dura tarea para figurar una estrategia que le permita cumplir con las metas acordadas con el FMI y la decisión de dar marcha atrás en el aumento de los combustibles lo obliga a encontrar otra forma para obtener los 300 millones que le hubiera generado.

Esa cifra representa el 11% del presupuesto 2018-2019 presentado al parlamento en junio. Y el gobierno de Moïse deberá hallar la forma de apaciguar a todos: los iracundos consumidores, políticos con variados intereses y los economistas del FMI.

La enorme desigualdad social que impera en Haití es muchas veces motivo de quienes protestan contra el gobierno. Más de 200 años después de su independencia de Francia, Haití ostenta, según el Banco Mundial, una de las sociedades más desiguales del mundo.