Daniel Ortega decidió endurecer la represión en las ciudades del interior. Hay más muertos y heridos por la represión. Organismos internacionales reclaman diálogo

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10 de julio de 2018, 4:00 AM
10 de julio de 2018, 4:00 AM

El recrudecimiento de la violencia en Nicaragua, que el fin de semana cobró al menos 14 vidas, tiene al borde de la ruptura el diálogo para resolver la crisis que deja unos 250 muertos en casi tres meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Los fuertes enfrentamientos de antimotines y paramilitares contra manifestantes opositores ocurrieron el domingo en las ciudades de Jinotepe y Diriamba (suroccidente), un día después de que Ortega descartara adelantar las elecciones.

La Iglesia católica, que media entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, planteó adelantar los comicios de 2021 a marzo de 2019 a fin de salir de la turbulencia que envuelve al país desde que estallaron las protestas el 18 de abril.

Pero tras la declaración de Ortega y los hechos de sangre del domingo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) advirtió que valora “seriamente la continuación en el diálogo”, que ha sido suspendido en tres ocasiones desde que inició a mediados de mayo.

 Ayer persistía el clima de miedo en Jinotepe, con pobladores resguardados en sus casas mientras unos 50 hombres encapuchados vestidos de civil y con banderas del gobernante Frente Sandinista ingresaron a la basílica de San Sebastián, donde manifestantes se encontraban atrincherados desde la madrugada de domingo, y agredieron a jerarcas católicos.

Las incursiones en Diriamba, a 45 km de Managua, y Jinotepe, a 40 km, causaron también decenas de heridos y una veintena de detenidos.
El fin de semana hubo además acciones violentas en las ciudades de Juigalpa, León y Matagalpa, donde al menos una persona murió, según grupos de derechos humanos.

“La  violencia se ha recrudecido. Hemos observado la situación de uso de grupos paramilitares, grupos armados que actúan bajo la presencia de la policía en la represión”, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, antes de partir de Managua.

El detonante de las protestas fue una reforma a la seguridad social, pero se propagaron tras la represión gubernamental y ahora los opositores exigen la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con su esposa Rosario Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.