Los legisladores de la Comisión de Constitución archivaron el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo sin si quiera someterlo a debate. La propuesta legislativa busca combatir la corrupción.

El Deber logo
21 de mayo de 2019, 14:02 PM
21 de mayo de 2019, 14:02 PM

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, lanzó este martes un duro e inesperado desafío al Congreso peruano, dominado por la oposición, a cuenta de la reforma política que impulsa su Gobierno y que entre otros temas pretende modificar la inmunidad parlamentaria de los legisladores.

Vizcarra llegó sin avisar y sin ser invitado a la sede del Congreso acompañado por el primer ministro peruano, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quienes habían sido citados por la Comisión de Constitución.

Allí presentó una carta en la que señalaban su negativa a participar en ese encuentro porque no existen "las condiciones para debatir", lo que abre la puerta a un recrudecimiento de los enfrentamientos entre ambos poderes del Estado.

El mandatario tomó esta medida en respuesta a la decisión de esa comisión de archivar un proyecto de ley del Gobierno para modificar la inmunidad parlamentaria y permitir que la Corte Suprema pueda desaforar a los legisladores, una de las medidas lanzadas como parte de la reforma política contra la corrupción.

En una breve intervención ante la prensa en el Congreso, Vizcarra denunció ese archivo del proyecto -que implica suprimir ese tema de cualquier debate- como una "actitud que indica que no hay voluntad de cambio" por parte de los legisladores.

Vizcarra resaltó su indignación apuntando que apenas 24 horas antes del archivo de esa medida, él personalmente había mantenido reuniones con todas la bancadas parlamentarias y que todas le habían expresado su voluntad de impulsar la reforma.

"La Comisión de Constitución trata el primer proyecto sobre la inmunidad y lo manda al archivo, sin opción de discusión y sin sustento del Gobierno. Este es uno de los proyectos emblemáticos del Ejecutivo, debatir los cambios sobre la inmunidad para que no sea impunidad", dijo Vizcarra.

La inmunidad parlamentaria protege en Perú a los congresistas de arresto o de ser procesados por delitos comunes, salvo delito flagrante, sin que previamente lo autorice el Congreso.

El pasado jueves, la Comisión de Constitución del Congreso, con los votos del fujimorismo, que tiene mayoría, del Partido Aprista (derecha), de Alianza Para el Progreso (derecha) y de Acción Popular (centro), archivó la propuesta que quería que fuera la Corte Suprema y no el congreso quien tomara esa decisión para evitar que los legisladores protejan indebidamente a sus compañeros o retrasen la acción de la justicia.

Esa reunión se produjo después de que el Gobierno se quejara de la lentitud y la falta de interés de los Congresistas en impulsar la reforma política.

Todo este conflicto se produce ante sonados casos de abuso de la inmunidad, como el del general retirado del Ejército Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso), condenado a cinco años de prisión por robar gasolina de las Fuerzas Armadas pero al que el Congreso protegió hasta agotar el último recurso contra el fallo, lo que le dio tiempo para pasar a la clandestinidad.

Al menos otros tres diputados de todo el arco parlamentario han sido condenados por la Justicia peruana, pero no han ingresado en prisión, mientras que otros muchos son investigados por la Fiscalía, casi todos por actos de corrupción.

Moisés Mamani, fujimorista acusado de tocamientos indebidos a una azafata, fue despojado de su inmunidad tras meses de presión en una votación que se realizó en vísperas de la celebración del Día de la Mujer.

El recrudecimiento del conflicto también se produce tras meses de bajada continua de la aprobación presidencial en las encuestas de opinión.

La reacción parlamentaria fue inmediata, y la expresidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado, afirmó que "no entiende lo que pretende" el Gobierno con esta medida y afirmó que están rompiendo la posibilidad del diálogo.

"El Congreso no puede quitarse la inmunidad, no podríamos denunciar. Me parecía que (el Gobierno) había entendido este tema. Lástima que pretendan presionar a un órgano del Estado y eliminar la oportunidad de dialogar", afirmó.

Otros, como el diputado izquierdista Humberto Morales, cuyo bloque no se opone a la eliminación de la impunidad, calificó las acciones del presidente como un "show mediático" y apuntó que el Ejecutivo debió acudir al debate.

"No creo que hayan pateado el tablero, pero lo que hay que hacer es debatir el tema, y esto debería dar una solución. Le puede incomodar, pero esto es un Estado de Derecho. Hay que debatir directamente", añadió.