Asunción, 19 may (EFE).- La Justicia de Paraguay dictaminó este martes que el exsenador Erico Galeano, condenado a trece años de cárcel por lavado de activos del narcotráfico y quien gozaba de libertad ambulatoria al no estar firme aún su sentencia, debe cumplir prisión preventiva para asegurar su "sometimiento", informó el equipo de abogados del exlegislador.
"El juzgado dictaminó que corresponde la prisión preventiva, el argumento es que considera que es la única medida proporcional para asegurar el sometimiento del señor Galeano", dijo a periodistas el letrado Luis Almada sobre la decisión del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.
La medida se dictó justo cuando se cumplen tres años de la acusación de la Fiscalía contra Galeano por sus presuntos nexos con una red criminal que enviaba cocaína a Europa y que se cree lideraba el uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia y extraditado a Estados Unidos en marzo pasado.
Galeano fue senador hasta la semana pasada, cuando presentó su renuncia en busca de la "paz social", dijo entonces Ricardo Estigarribia, otro de sus abogados.
Hoy, Estigarribia, quien rechazó la medida de prisión preventiva, aseguró que Galeano "estaba preparado" para aceptar el fallo, que consideró necesario para descomprimir "la carga mediática, política y social" que ha generado el caso.
"Esto es un lavado de cara del Poder Legislativo en sí", añadió el letrado.
El pasado 4 de marzo, un Tribunal de Sentencia condenó a Galeano por asociación criminal y lavado de activos del narcotráfico, luego de señalar sus nexos con la red narcotraficante que presuntamente lideraban Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
De acuerdo con la investigación fiscal, Galeano vendió en 2020, por un millón de dólares en efectivo, una lujosa propiedad a un testaferro de alias Tío Rico, actualmente recluido en el penal paraguayo de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná (este).
Además, el ente investigador señaló que Galeano prestó una aeronave de su propiedad para que Marset, Insfrán y otros individuos se trasladaran dentro del territorio paraguayo, lo que se interpretó como asistencia logística a las operaciones del narcotráfico.
El caso contra Galeano es resultado de la operación 'A Ultranza PY', que tuvo lugar en 2022 y es considerada una de las mayores en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
El 13 de mayo, Galeano afirmó ser víctima de un supuesto "linchamiento" político, al asegurar que la Fiscalía no ha demostrado sus nexos con una red de envío de cocaína a Europa.
"Esto no fue un juicio normal, fue un linchamiento jurídico y político, no tenemos ninguna garantía", declaró Galeano a periodistas en el Palacio de Justicia de Asunción, tras la suspensión de una audiencia en la que se iba a definir si debía cumplir prisión preventiva.
El Senado paraguayo aceptó el martes, 12 de mayo, por unanimidad la renuncia de Galeano.
El exlegislador de 59 años sostuvo que un Tribunal de Sentencia se basó en "presunciones" para condenarlo a 13 años de prisión el 4 de marzo pasado. Este fallo, además, fue ratificado la semana pasada por un Tribunal de Apelación.