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9 de enero de 2019, 4:00 AM
9 de enero de 2019, 4:00 AM

Bolivia cuenta con 66 de los 112 ecosistemas existentes en todo el mundo y tiene más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales, estos últimos suman cerca de 200.000 km², ocupando alrededor de una quinta parte del territorio nacional y abarcando desde las altitudes del Altiplano, con el Parque Nacional Sajama, hasta el Parque Nacional Otuquis, en los tropicales llanos del Pantanal.

Solo el Parque Nacional Amboró, ubicado en Santa Cruz, posee más de 800 especies de aves, mientras que el Parque Nacional Madidi, en el norte de La Paz, alberga el 11% de las especies de flora y fauna del mundo.

Los parques nacionales de Bolivia son administrados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, cuya misión es “conservar el patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas y su entorno”. El sistema de áreas protegidas de Bolivia a escala nacional incluye parques nacionales, áreas protegidas de manejo integrado, reservas de la biosfera, reservas de flora y fauna, estaciones biológicas y algunos territorios indígenas, además de muchas áreas protegidas adicionales a nivel departamental, administrados por los gobiernos autónomos de cada uno de los nueve departamentos, y, a nivel municipal, administrados por los gobiernos municipales o locales, además de numerosas reservas privadas.

La administración y el mantenimiento de un parque a nivel básico cuestan aproximadamente 250.000 dólares al año, pero el presupuesto general del Estado Plurinacional apenas destina, en promedio, alrededor de 500.000 dólares al año para toda la red nacional de parques, por lo que actualmente se estima que el 90% del financiamiento de los parques viene de patrocinadores privados; por ello, además de los escasos guardaparques, hay una carencia en la protección –en general y en particular– en las investigaciones científicas sobre la biodiversidad en Bolivia. Por lo tanto, es muy posible que no conozcamos a una nueva gama de especies que viven en los parques.

En los últimos años se viene alertando que 20 áreas protegidas, de las 22 que existen en Bolivia, están en riesgo por la exploración petrolífera, gasífera, minera e hidroeléctrica, poniendo en evidencia que la lógica ‘extractivista’ impulsa proyectos denominados de ‘crecimiento a ultranza’, es decir, que se realizan sin importar el costo, los retos ni las opiniones, pese a estar establecida la obligatoriedad de las ‘consultas previas’ a las comunidades y la población en general.

A la vorágine de encontrar y explotar recursos no renovables como minerales, petróleo y gas se suman las constantes ocupaciones, quemas y chaqueos de los parques y áreas protegidas como los ocurridos últimamente en el Valle de Tucabaca, el bosque de helechos gigantes o el Fuerte de Samaipata, sustentado en el argumento de que el enfoque de desarrollo sostenible es “un invento de los gringos”.

Efectivamente, hay dos visiones distintas sobre ecología y el medioambiente. Una visión que cae de arriba abajo, que viene del norte desarrollado e industrializado y que, curiosamente, nos aprecia más como paisajes que como países, como espacios naturales más que como naciones. Esta visión de la conservación ecológica está fundada en el quietismo y la subordinación del hombre a la naturaleza.

Sin embargo, para nosotros la preservación del medioambiente está ligada a las necesidades de la revolución productiva, cuya base debiera ser apostar al ecoturismo, única manera de encontrar coherencia casi simétrica entre ecología y desarrollo.

Junto a las propuestas de la federalización y la estrategia de superación de la mendicidad expuesta para el debate de los candidatos en anteriores entregas, hoy incluyo la apuesta al ecoturismo en el camino de superar el extractivismo clientelar con un verdadero paradigma de un desarrollo social y económico que permita no solo respirar, sino también comer, vestir y educarse. En una próxima entrega analizaremos el estado del desarrollo del ecoturismo y las bondades de priorizar el mismo como parte de la transformación productiva en Bolivia.

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