Bloqueos, caos y malestar en Santa Cruz
Cual dueños de Santa Cruz, los transportistas bloquearon en más de 10 intersecciones de la ciudad, en las que más circulación de vehículos se registra, en las que son clave durante las horas pico, cuando la ciudadanía acude a trabajar y los estudiantes se van al colegio. Según sus dirigentes, un simple pedido de disculpas bastó para causar un grave perjuicio en esta urbe, la más grande del país.
Como consecuencia, las vías que no estaban bloqueadas, estaban congestionadas de vehículos cuyos conductores intentaban salir del caos. El resultado fue la demora en las oficinas públicas y privadas, así como en los colegios, junto al malestar que provoca una situación así, que además ha merecido el rechazo del ciudadano de a pie, ese que es usuario de micros y de trufis y que sabe que el servicio es pésimo.
Mientras el caos ocurría, el grueso de la Policía no estaba en las calles. El comandante departamental y el director de Tránsito estaban en reunión, dizque evaluando qué acciones tomar. No colaboraban en las rotondas para dar fluidez al tráfico y menos aún para desbloquear las intersecciones obstruidas.
Nótese que el artículo 21 de la Constitución Política del Estado garantiza la libre circulación y que los transportistas vulneraron la norma más importante del país. A pesar de la gravedad del hecho, cumplieron su objetivo y no hubo autoridad capaz de impedirlo. No faltaron quienes compararon cómo se reprime las movilizaciones cuando se trata de cuestionamientos al Gobierno central, como la de los médicos o de los universitarios de El Alto, mientras se permite que los transportistas hagan lo que se les viene en gana en una ciudad como Santa Cruz de la Sierra o La Paz (cuando hubo presión contra las políticas comunales de esa urbe).
El municipio cruceño está empeñado en ordenar el tráfico y eso está muy bien; no obstante, es importante mostrar cuál es el plan que tiene, a fin de desarmar los falsos argumentos de los dueños del transporte público. Por ejemplo, los ‘micreros’ dicen que ‘nadie como ellos para trasladar a los estudiantes o a los ancianos de un lugar a otro’, cuando en los hechos muchos de ellos pasan de largo y los dejan con las manos extendidas, porque pagan menos que un adulto. Ellos, los que ahora bloquean, prometieron buses nuevos y confortables, lo cual no se ha cumplido plenamente; cuando llueve, no garantizan el servicio porque guardan sus unidades. Asimismo, la mayoría de los dueños de los vehículos incumplen normas laborales básicas con sus choferes: los explotan durante más de 12 horas al día, no les pagan horas extra, tampoco les dan seguro de salud, etc.
En medio de todo ese contexto, no pueden pretender imponer que el transporte fluya como a ellos les viene bien. No son dueños de la ciudad y tienen la obligación –como todos– de respetar las normas y seguir las directrices del municipio. Ya basta de que los sectores corporativos manden sobre los cientos de miles que sufren las consecuencias de semejante caos.
