Con la indignación de las principales organizaciones sociales alteñas, Bolivia inicia una semana que se ve difícil. En vez de lograr la calma con la identificación y el encarcelamiento del policía que disparó y provocó la muerte de un estudiante, el Gobierno está presionado por las protestas que crecen en la ciudad donde Evo Morales siempre ganó las elecciones presidenciales. Son dos las matrices de este conflicto. La más difícil tiene relación con el malestar que generó la represión policial a los universitarios de El Alto. Esta probablemente se desactivará si las autoridades admiten responsabilidades a un nivel más alto y si toman medidas a ese mismo nivel. Sin embargo, al parecer el Gobierno quiere dar por cerrado el caso con la detención de un subteniente, cuando lo que se pide son mayores sanciones o renuncias. Si no las hay, la crisis podría crecer peligrosamente. La otra matriz del conflicto es más manejable y se arregla esencialmente con dinero para la UPEA.

La disputa de cargos en una comisión del Concejo Municipal ha sacado a relucir denuncias sobre la supuesta venta de puestos en mercados. No son vendedores los que ahora generan las sospechas, sino que lo hace una concejal molesta con otros concejales. Jesús Cahuana, quien ejerce como edil y que estuvo vinculado a organizaciones de vendedores, aparece en el ojo de la tormenta y deberá responder a las interrogantes que hace su propia colega Rosario Schamisseddine. Ahora que parece venirse un destape, esperamos que derive en conclusiones serias y no se use una denuncia como carta de negociación para cortar velozmente en las siguientes horas o días una fiscalización que se ha hecho extrañar.