Conflictos y desmovilización por el 21-F
La peligrosa escalada del conflicto de Incahuasi ha sido interpretada por algunos analistas políticos y dirigentes opositores como el efecto de una intención premeditada del Gobierno o de sus seguidores para desactivar las movilizaciones a favor del acatamiento del resultado del 21-F, que habían arrinconado a comienzos de año al presidente Evo Morales.
Otros puntos de vista interpretan, sin embargo, que el agravamiento de la confrontación por las regalías del megacampo gasífero es la consecuencia de una errática gestión gubernamental de un conflicto explosivo y delicado. El mal manejo del tema amenaza con incendiar a dos departamentos y, tal vez, al país, si no se actúa en las próximas horas o días con serenidad, lucidez y firmeza.
Hasta este momento el futuro del conflicto está supeditado a las conclusiones de un segundo informe técnico sobre la ubicación de Incahuasi. No obstante, lo más probable es que ni siquiera ese estudio resuelva el conflicto, ya que una de las dos regiones quedará descontenta. Consiguientemente, es posible que estemos ante una confrontación de larga duración y, por lo tanto, de un gran desgaste y terrible costo. De hecho, ya van cerca de dos semanas de bloqueos y huelgas, lo que provoca fuertes pérdidas económicas y malestar social.
El escenario que se ve venir es preocupante, más allá del resultado del segundo estudio técnico encargado por el Gobierno. En Santa Cruz, por ejemplo, la Asamblea de la Cruceñidad ya decidió que se deben realizar marchas, huelgas y hasta un paro si el informe sobre Incahuasi es desfavorable y si no descongelan las regalías. Similar escenario se da en Chuquisaca, donde los dirigentes adelantaron que reforzarán sus protestas si no hay una resolución a favor de ese departamento. El martes las dos regiones tomarán definiciones.
En consecuencia, es probable que la atención del país siga durante los próximos días puesta en la conflictividad por la disputa de las regalías, supuestamente avivada a propósito para desviar la atención de la demanda de acatamiento del 21-F, según algunos analistas.
En esta misma línea de interpretación se lee la suspensión del alcalde José María Leyes y otros golpes de efecto mediático. Más adelante pueden aparecer nuevas coyunturas políticas que serán aprovechadas para consolidar la desmovilización de las plataformas ciudadanas que se empoderaron a inicios de año.
Hasta ahora existe la impresión de que evidentemente los reclamos callejeros por el 21-F se han apagado. No se puede atribuir solo al posicionamiento intencional de temas como Incahuasi. Es evidente que sería un suicidio para el propio Gobierno crear conflictos artificiales, sobre todo cuando asoman costosas medidas para la economía, como los paros cívicos. Sin embargo, si el bien mayor para el oficialismo es la reelección de Evo Morales, al final no podría importarle mucho los “daños colaterales”.
